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El ‘caso Ayotzinapa’, pendiente de nuevo de las Fuerzas Armadas

porConfidencial de México

Ene 30, 2023
El ‘caso Ayotzinapa’, pendiente de nuevo de las Fuerzas Armadas

La investigación por la caso ayotzinapa Vuelve a toparse con las Fuerzas Armadas, una constante desde el ataque contra los normalistas de Guerrero, ocurrido ahora hace 100 meses, casi ocho años y medio. Las investigaciones atraviesan ahora un momento difícil, heredero de las tensiones del año pasado, con detenciones sorpresivas, órdenes de detención anuladas, informes fallidos, presiones y dimisiones forzadas. La colaboración de las Fuerzas Armadas parece vital para evitar nuevos roces. En el centro de las demandas de los investigadores se encuentran entre “80 y 100 oficios” del Ejército, según fuentes cercanas al caso consultadas por EL PAÍS.

Estas cartas han dominado las últimas reuniones entre las partes, por un lado, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la comisión gubernamental que investiga el caso, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Rosendo Gómez, y por otro, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), equipo de trabajo dependiente de la CIDH, que ha investigado el caso prácticamente desde el inicio, a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y sus abogados. Si diciembre terminó con un intento de reconstruir la relación tras el caos de los meses anteriores, enero aparece en el calendario como piedra de toque: ¿se puede avanzar más en las investigaciones o se ha tocado techo?

La semana pasada, López Obrador y Encinas se reunieron en privado con los dos integrantes restantes del GIEI, luego de la salida a fines del año pasado de los otros dos, Claudia Paz y Francisco Cox. Convencidos de que hay margen para avanzar, los dos que quedan, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, insistieron al presidente en dos cuestiones fundamentales para ellos, según las fuentes mencionadas anteriormente. Por un lado, los expertos piden al presidente que medie para que el Ejército termine entregando la información que se le ha solicitado. Por otro, exigen a la Fiscalía que reactive las órdenes de aprehensión solicitadas por el anterior fiscal del caso, Omar Gómez, quien dejó el cargo por presiones del fiscal general, Alejandro Gertz.

Los investigadores también piden agilizar otras detenciones en Estados Unidos, a la luz de la detención hace unos días en el vecino país de Alejandro Tenescalco, supervisor policial en Iguala la noche de los hechos. Es el caso de Ulises Bernabé, jefe de un recinto policial en Iguala, donde los delincuentes se habrían llevado parte de los 43 estudiantes desaparecidos, de Abraham Eslava, mano derecha del antiguo jefe de los investigadores con Peña Nieto, Tomás Zerón , y de Gualberto Ramírez, coordinador de las investigaciones de campo en los primeros meses.

La unidad especial de la Fiscalía para el caso, ahora comandada por Rosendo Gómez Piedra, un hombre apoyado por López Obrador, también tiene una tarea importante, prioritaria para el propio Gómez y para la Fiscalía. Este es el caso contra el exfiscal general de la República, Jesús Murillo Karam, detenido en agosto por el caso, acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Gómez Piedra y su equipo tratan de mejorar la acusación para la próxima audiencia, que se realiza a fines de febrero, víctima de la presión que sufrió la unidad especial del caso el año pasado.

Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, integrantes del GIEI, participan durante el III Informe del grupo sobre el avance de la investigación, el 28 de marzo de 2022.
Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, integrantes del GIEI, participan durante el III Informe del grupo sobre el avance de la investigación, el 28 de marzo de 2022.Rodrigo Oropeza

100 intercambios

No es la primera vez que el GIEI solicita la mediación de López Obrador para despejar el obstáculo militar. Ha pasado varias veces estos años y, aunque ha sido difícil, el Ministerio de Defensa ha acabado accediendo. Sin embargo, sucede que este lote de entre 80 y 100 operaciones no aparece. Son documentos importantes para entender el grado de conocimiento que tenía el Ejército del ataque contra los estudiantes en tiempo real. Las cartas recogen interceptaciones de comunicaciones a la red criminal de Iguala de la época, es decir, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y su red de apoyo, policías, políticos, etc., y testimonios de personas que hablan de la red, también recogidos en El tiempo.

Hasta el momento, los investigadores cuentan con 12 oficios de este tipo, dos de los cuales son conocidos por la opinión pública. Estos son los documentos difundidos en octubre de 2021 por la comisión gubernamental, que incluían dos conversaciones entre integrantes de la red criminal de Iguala, una horas después del ataque y la otra días después. Más allá de su contenido, las interceptaciones revelaron una realidad desconocida: el Ejército había monitoreado en tiempo real a los atacantes de los estudiantes de la escuela normal. La publicación de las conversaciones generó gran enfado en las familias de los 43, quienes pensaron que este seguimiento podría haber ayudado en la búsqueda de los chicos.

El Ejército ha defendido estos años que los documentos publicados por la comisión son todo lo que tiene, pero es difícil suponer que el Ministerio de Defensa dedicó tiempo y esfuerzo a interceptar solo dos comunicaciones aleatorias. López Obrador se ha comprometido a insistir en la entrega del material, petición a la que ha accedido el secretario general, Luis Cresencio Sandoval, pero que está estancada en los escalones superiores del organigrama del organismo, es decir, el Estado Mayor de la Defensa.

La opacidad de las Fuerzas Armadas viene de lejos. En la primera etapa de las investigaciones, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el accionar del Ejército y la Armada se caracterizó por la opacidad. El Ejército nunca permitió, por ejemplo, que los investigadores y familiares de los 43 normalistas desaparecidos visitaran su cuartel en Iguala, municipio donde ocurrió el ataque. Por su parte, la Armada ocultó la presencia de marinos en uno de los supuestos escenarios de desaparición, ahora en cuestión, el basurero de Cocula.

Durante los primeros años de la investigación, el Ejército fue muy criticado por la supuesta omisión de sus elementos en el ataque contra los normalistas. En Iguala, policías de ese municipio y otros vecinos, en connivencia con el grupo delictivo Guerreros Unidos, agredieron a los estudiantes. Tres murieron y otros 43 desaparecieron. Los soldados patrullaban Iguala sin esquivarla, intimidando incluso a los muchachos. Con el tiempo, la imagen del accionar del Ejército ha empeorado. Actualmente, un general, un capitán y varios elementos de tropa se encuentran en prisión por su supuesta colaboración con Guerreros Unidos en su momento. Los investigadores también suponen que el Ministerio de Defensa sabe más de lo que ha admitido a lo largo de los años.

En el caso de la Armada, el misterio es aún mayor. Hace casi un año, el GIEI reveló que marinos habían realizado operativos hasta ahora desconocidos en torno al caso. El GIEI difundió un video en el que aparecían marinos en el famoso basurero de Cocula, escenario donde, según el gobierno de Peña Nieto, la red criminal asesinó a los 43. En el video, grabado en octubre de 2014, ante la antigua Fiscalía Vendrá Para analizar el escenario, los marineros manipularon paquetes en el basurero y encendieron fogatas. A pesar del anuncio de que se abriría una investigación, que incluso apuntó a uno de los jefes de inteligencia de la agencia, Marco Antonio Ortega Siu, desde entonces no ha pasado nada.

Manifestación frente al Campo Militar 1, en la Ciudad de México, el 15 de noviembre de 2022.
Manifestación frente al Campo Militar 1, en la Ciudad de México, el 15 de noviembre de 2022.Quetzalli Nicte Ha

Pedidos cancelados

Personal del Ejército protagoniza otro de los pedidos del GIEI y de los familiares de los 43, igual o más importante que el primero. Esta es la reactivación de las 21 órdenes de aprehensión canceladas a fines del año pasado. El desorden de las órdenes forma una de las grandes controversias de la caso ayotzinapa durante la presente administración, junto con las conclusiones del informe de la comisión de gobierno, cuestionado por el GIEI. Enfrentado al fiscal Omar Gómez, el fiscal general Gertz ordenó a la unidad que investiga el caso ayotzinapa y cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión que el primero había solicitado en agosto, 16 de ellas contra militares.

Desde su llegada en septiembre, el nuevo fiscal, Rosendo Gómez, se ha mostrado ambiguo con las órdenes anuladas, mostrando su voluntad de reactivarlas frente a las familias y sus abogados, pero sin resultados concretos hasta el momento. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario, la unidad que dirige el nuevo fiscal estaría trabajando en la “reactivación” de 16 de los 21, sin precisar cuáles. Entre los 21 cancelados está, por ejemplo, el del coronel Rafael Hernández, excomandante del batallón de Infantería 41 de Iguala, uno de los dos que operaban en el municipio en ese momento.

Más allá de los militares, el fiscal Rosendo Gómez y su equipo tienen pendiente el caso de Tomás Zerón, uno de los grandes objetivos de los investigadores tras la captura de Murillo. Refugiado en Israel, la Fiscalía mexicana y sus pares en ese país comparten información desde hace más de un año para destrabar la posible detención del exfuncionario. México e Israel no tienen tratado de extradición. El trabajo estos años ha sido explicar la acusación contra Zerón, los casos de tortura y desaparición forzada armada en su contra.

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