La historia del Instituto Nacional Electoral (INE) se puede contar por sus momentos de confrontación con el Gobierno. Las tensiones han sido mayores en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, quien de vez en cuando acusa al árbitro electoral de haber promovido fraudes en el pasado y de estar al servicio de una dirigencia de políticos ricos y de derecha. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, abogado y académico de 50 años, concluirá el 3 de abril su cargo como presidente del instituto, que ocupa desde 2014. Con él partirán otros tres asesores electorales: Ciro Murayama , Adriana Favela y José Roberto Ruíz. El nombramiento de los cuatro reemplazos, incluido el de un nuevo presidente, augura un nuevo período de disputa en la Cámara de Diputados, órgano encargado de hacer los nombramientos.
El instituto y sus 11 integrantes serán los encargados este año de implementar los cambios en el “Plan B” de la reforma electoral de López Obrador y organizar elecciones en el Estado de México y Coahuila. También deben prepararse para las elecciones de 2024, donde López Obrador y una oposición cada vez más articulada se disputarán la presidencia de la República y las dos Cámaras del Congreso. El tamaño de la responsabilidad exige que los nuevos directores tengan un perfil profesional e imparcial para garantizar elecciones justas, según especialistas, pero en México los partidos tienden a repartir los nombramientos como si fueran cuotas, lo que ha levantado sospechas de que algunos directores respondan. a los intereses políticos más que a los ciudadanos. “Químicamente puros, no vamos a encontrar a nadie”, dijo el 28 de diciembre el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier.
El diputado morenista Hamlet García Almaguer declaró en noviembre que su partido era el responsable de mantener tres de los cuatro cargos en disputa. La aritmética muestra que el oficialismo no lo tendrá tan fácil. La elección de los nuevos miembros del instituto requiere el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados (333 votos), según el artículo 41 de la Constitución. Aunque Morena reúne mayoría simple con sus aliados del Partido Verde y del Partido Laborista, tendrá que renunciar a nombramientos y aceptar perfiles que cuenten con el beneplácito de la oposición.
El proceso de designación ha comenzado con fricciones. El reglamento establece que se debe conformar un comité técnico para evaluar a los candidatos a consejeros electorales. El comité debe estar integrado por siete especialistas autónomos: dos son designados por el Instituto de Transparencia (INAI), dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y tres por la Cámara de Diputados. El INAI ha nominado a Maite Azuela y Sergio López Ayllón, dos académicos de larga trayectoria. En cambio, la CNDH, cuya titular, Rosario Piedra Ibarra, ha tenido un enfrentamiento con Lorenzo Córdova, planteó dos perfiles claramente afines a Morena y sin conocimiento en materia electoral. Una de sus designaciones, María del Socorro Puga Luévano, terminó siendo retirada luego de que se descubriera que tenía un certificado en “yoga de la risa”.
El comité técnico deberá preparar una lista de cinco postulantes para cada puesto a cubrir. Uno de los quintetos se integrará específicamente con los perfiles para presidir el INE. Las listas serán enviadas a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, que está integrada por los líderes de las bancadas. Una vez que este órgano apruebe las listas, pasarán al pleno de la Cámara Baja para su votación. Si los perfiles no son aprobados, la Corte Suprema de Justicia elegirá a los directores de entre las listas por sorteo.
La intervención de la Corte en el proceso de selección de consejeros fue un mecanismo incluido en la reforma electoral de 2014. Su propósito era evitar que desacuerdos en la Cámara de Diputados impidieran los nombramientos y que el instituto funcionara de manera incompleta, como sucedió en la elección presidencial de 2012, cuando el INE operó sin tres de sus integrantes. En ese momento, el instituto estaba integrado por siete directores. Con solo cuatro funcionarios, la toma de decisiones del cuerpo colegiado se vio obstaculizada.
El académico Luis Miguel Carriedo, especialista en temas electorales, considera que la renovación del INE, y en especial la salida de los concejales Córdova y Murayama —quienes siempre han estado en el centro de las críticas de López Obrador y Morena—, puede aflojar la relación entre el árbitro electoral y el Gobierno. “Si esa renovación finalmente se da con el consenso de la Cámara de Diputados, eso sería una señal de que las partes estarán de acuerdo con los nuevos árbitros. Es una oportunidad para bajar la tensión y esa sería la mejor noticia que podríamos tener en términos electorales. Eso puede darle un aire fresco al instituto, despresurizar esa tensión entre el Gobierno y el INE y también entre el Gobierno y los partidos de oposición, porque los nombramientos implicarán un acuerdo entre ambas partes”, afirma en una entrevista.
Una vez cubiertas las cuatro vacantes de su Consejo General, el INE atravesará un año más que complejo porque, junto con la organización de las elecciones a gobernador en el Estado de México y en Coahuila, deberá implementar el “plan B” de la reforma electoral, que implica una reestructuración del propio instituto y una modificación de sus facultades de supervisión y sanción. Una vez promulgada la reforma —el Senado aún debe aceptar los cambios realizados por la Cámara de Diputados—, el INE deberá eliminar su secretaría ejecutiva y su servicio profesional de carrera. Diversas direcciones, áreas y unidades administrativas desaparecerán o se fusionarán. Las juntas distritales pasarán de 300 a 260 y funcionarán temporalmente, sólo en años electorales. La reforma también le quita fuerza al instituto, que ya no podrá retirar candidaturas por faltas graves cometidas por los postulantes ni sancionar actos de propaganda cometidos por funcionarios públicos. Es previsible que los partidos de oposición acudan al Supremo para definir si las modificaciones que establece la reforma son constitucionales.
“Lo que se aprobó en el llamado ‘plan B’ fueron amplias modificaciones al funcionamiento del INE ya la estructura que tiene para garantizar el cumplimiento de sus funciones. Son cambios que impactan tanto en la organización de las elecciones como en su arbitraje”, dice Pamela San Martín, quien fuera consejera del instituto. “Estas modificaciones pueden llevar a una condición de no poder generar garantías de certeza sobre los procesos con los que se organizan las elecciones. Lo cual es absolutamente doloroso para nosotros. Desde la década de 1990 venimos construyendo normas, procedimientos y mecanismos que puedan generar esa certeza en el desarrollo de las elecciones, al menos en la parte del ejercicio material del derecho al voto”.
Córdova ha dicho que, luego de dejar el cargo, regresará a su cargo como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Aunque López Obrador aseguró que el asesor electoral quería ser el candidato presidencial de la oposición en 2024, la ley le impide postularse a cargos públicos de elección popular durante dos años. Además, el propio Córdova ha negado que tuviera interés en participar en el concurso. Desde su cubículo universitario, es probable que finalmente descanse de las constantes acusaciones del oficialismo.
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