Entre palmeras y aguas cristalinas, los taxistas de Cancún libran una fea pelea contra la empresa Uber, que también quiere disfrutar del millonario negocio caribeño. Lo que en otros países del mundo sería un tema netamente laboral, en México la lógica está atravesada por oscuros factores que han derivado en cortes de ruta y ataques callejeros que han trasladado el asunto a la Fiscalía y obligado a intervenir al gobierno del estado de Quintana Roo. para que las aguas no se desborden en uno de los lugares más turísticos del mundo. La imagen y los ingresos entran en ello. Con los ánimos agitados y las posiciones muy enfrentadas, todos coinciden en algo: esto se ha convertido en un problema social que pone en riesgo el futuro de la Riviera Maya y perturba a diario a la población. La señal de peligro inminente la dio el Gobierno de Estados Unidos, cuando a principios de semana advirtió a sus compatriotas del riesgo de verse envueltos en un peligro involuntario por el simple hecho de solicitar el servicio de un Uber.
El Destino, llaman a esta zona de la Riviera Maya donde el año pasado se superó el éxito de turistas, con 30 millones de visitas, 12 de ellas a Cancún. Uber lleva queriendo formar parte de la red de taxistas desde 2016, pero siempre ha encontrado una férrea resistencia por parte de los trabajadores al volante, hasta ahora, cuando la multinacional ha ganado un amparo legal que permite a sus conductores trabajar de forma privada en este ciudad hotelera. sin pasar por el sindicato ni tener la concesión pública obligatoria para prestar el servicio. Los vehículos de la banda verde bloquearon la vía que va del aeropuerto a la zona turística, provocando un caos en el tráfico de la ciudad, y hubo ataques contra los conductores de Uber y sus usuarios, quienes fueron sacados violentamente de los autos. El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, se apresuró a decir que había más ruido mediático que chiflados, pero nadie fue ajeno al riesgo de que la gallina de los huevos de oro saliera herida. El Gobierno de Quintana Roo envió de inmediato a la vicegobernadora, la abogada Cristina Torres, quien ya se reunió con ambas partes por separado y espera reunirse con ellas el lunes para hacerles ver que no hay más remedio que permitir el ingreso de Uber a la zona, pero también que es necesaria una normativa en el sector, algo que reconoce la tutela judicial, donde se concede al legislador “un amplio margen de configuración para elegir las formas en que deben operar las personas que intervienen en la prestación del servicio”.
“Hay mercado para todos”, reconcilia Cristina Torres, secretaria de Gobierno del estado, en una austera oficina de Cancún desde donde conduce las negociaciones. Ya todos saben que la entrada de Uber en el negocio es irrevocable. “Si no lo regulamos, vendrá otra protección”, reconoce el secretario. Ahora toca ver cómo lo hacen para que todos queden satisfechos. Los taxistas dicen que tienen que pagar la concesión pública para operar el servicio, pero la resolución judicial deja claro que lo pueden hacer de forma privada. Por ello, el Gobierno se conforma con implementar algunas medidas que eviten los malos hábitos. “Queremos que Uber acepte que monitoreemos a todos sus conductores para ver quién está en la plataforma y quién no. Que entiendan que no pueden ser solo un proveedor de plataforma. También tienen previsto un cargo a la empresa y una revisión de los vehículos. Uber pide seguro vehicular para entrar a trabajar en la plataforma, pero no monitorea el cumplimiento”, dice Torres. En México, millones de vehículos públicos y privados no cuentan con el seguro reglamentario.
El fondo del asunto es la manga ancha con la que los taxistas de la Riviera Maya han trabajado durante años, beneficiándose de un sindicato al que necesariamente deben afiliarse y pagar una cuota. Hoy se quejan de que el Estado, donde operan unos 25.000 taxistas, 8.600 en Cancún, lleva años sin sacar nuevas concesiones públicas ni actualizar las tarifas que se deben cobrar en las distintas rutas. El resultado es un abuso en los precios arbitrarios que imponen a los turistas y un desprecio por la población local que les ha valido la enemistad con los cancunenses, reflejada estos días en videos privados que se han vuelto virales donde los llaman “perros” y ” corrupto”. Los lugareños también se quejan de prácticas delictivas. Viajar en un taxi público no es cuestión de levantar la mano en la calle para detenerlo. En prácticamente todo el país, los usuarios de este transporte han sido víctimas de secuestros y abusos sexuales, especialmente de mujeres.
Un puñado de compañías locales operan en el aeropuerto de Cancún que cobran alrededor de $35 por persona por el viaje a la Zona Hotelera. Una vez en el pueblo, un taxista se detiene, se indica la ruta requerida a través de la ventana y el conductor dice: “Eso le cuesta 120 pesos [unos 6,50 dólares, parecida cifra en euros]”. En la misma ruta, otro pide 100 y otro 200 pesos, lo que gusten en ese momento y según el acento de quien lo solicite. Cuando la gente de Cancún lo requiere, a veces el taxi ni siquiera se detiene. Muchos no ofrecen nota por el monto recibido y el taxímetro es un aparato desconocido en México. El presidente del gremio estatal, Eliazar Sagredo Ordóñez, acusa de esta arbitrariedad al gobierno de Quintana Roo, “que en el sexenio anterior no actualizó las tarifas, y todo ha subido mucho, combustible, reparaciones. Además, no se han otorgado más concesiones. Y en el mandato anterior, de los que se concedieron, una parte era para el gremio y otra para los compromisos personales de los políticos”. Este asunto también es conocido por todos los lugareños.
Los taxistas no son enemigos de las empresas que operan en el aeropuerto, “la entrada de Uber afectará a todos”, aseguran. Y también los hosteleros piden calma para que el turismo no se vea afectado. “Lo que estamos pidiendo es un piso nivelado, que paguemos todos los impuestos, la concesión estatal y otros gastos”, pide Sagredo Ordóñez. “El Estado debe regular, es su responsabilidad legislativa, las multinacionales se están llevando el dinero a paraísos fiscales, nada para el Estado”, añade el dirigente gremial, que ya se reúne con diputados locales para negociar la nueva Ley de Movilidad convocada para organizar la sector. Otras plataformas, como Cabify y Didi, han comenzado a operar en las condiciones dictadas por el sindicato, pero tienen medio territorio prohibido. No entrar en hoteles para recoger clientes. Cuando se solicita un viaje a través de la plataforma, varios taxistas lo toman y lo cancelan. Finalmente, uno de ellos acepta, pero recoge al usuario una calle más allá del hotel, para no tener conflicto con los taxis sindicados, que están por todas partes. Y tampoco dejan al cliente en el destino exacto, sino a unos pocos metros. Nadie quiere enfrentarse al sindicato. No es sorprendente. Cuando a cualquier taxista se le menciona la pelea de estos días con Uber, responde sin aspavientos: “No se dejen engañar, aquí como en todas partes manda el cártel. es dinero Si se meten con este negocio van a matar uno tras otro. La sangre fluirá”.
Águeda Esperrilla es quien les da voz a los taxistas de Uber en Cancún por estos días. Lleva seis años trabajando en la ciudad, cuando le han permitido y siempre con precauciones. Acusa al gobierno y al gremio de estar coludidos para repartirse los millones que dejan las “cuotas diarias de 500 pesos que se cobran a cada taxi sindicalizado diariamente por trabajar en la Zona Hotelera”. Incluso si es menos, sigue siendo un negocio boyante. Cuenta que en el bulevar Kukulkan, donde los turistas más noctámbulos dan rienda suelta a sus instintos, los choferes de Uber recogen clientes en los estacionamientos subterráneos de los grandes y ruidosos locales con fiestas locas. “Dicen que estas discotecas son de narcotraficantes y que no quieren que los taxistas tengan enfrentamientos con nadie aquí para no arruinar el negocio”, afirma Esperrilla a las puertas de uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad. , Coco Bongó. La avenida es un infierno para los oídos, allí se mueve coca y quién sabe qué otros negocios ilegales. En definitiva, alta tensión para cualquier hueco.
Que el narco esté involucrado en Cancún no es novedad para nadie. El año pasado hubo ataques a balazos que mataron a varias personas en Tulum, Playa del Carmen y el mismo Cancún, en las zonas más concurridas y turísticas, en elegantes restaurantes que expusieron el mercado de la droga que se mueve en la zona y la delincuencia que la recorre. de la que tampoco están exentos los taxistas. Ni ellos ni casi nadie que venda nada por estas zonas.
El monitoreo que ofrecen las plataformas es un factor de seguridad para los usuarios de taxis, y la competencia, dicen algunos, está bien. El problema es que “los taxistas sindicalizados no saben usar las nuevas tecnologías”, dice una conductora de Didi que no quiere dar su nombre. El líder de los sindicalistas en Cancún, Luis Mis, tiene su propia versión de él. Afirma que también tienen una plataforma para solicitar el servicio de taxi, pero que “no se le ha dado suficiente campaña pública”. Ahora el Gobierno se plantea diseñar una plataforma estatal pública para todos los quintanarroenses y regular definitivamente un negocio que circule libremente. Para ello tendrán que hacer un estudio de mercado. Pero primero deben establecer de inmediato la paz en El Destino, donde cada año llegan millones de estadounidenses, canadienses, colombianos y españoles, entre la mayoría. Esta semana todos los implicados están llamados a negociar. “Creo que el lunes podremos comunicar la paz”, dice el secretario Torres.
La tensión se palpa hasta entre los conductores, no es fácil acercarse a una de las decenas de paradas que hay en la zona turística y sacar unas fotos. Los taxistas no quieren ver a los periodistas a los que acusan de desinformar sobre lo que está pasando. Y no dudan en amenazarlos de muy malas maneras. También les toman fotos con sus celulares y les advierten que tengan “cuidado”. En México las amenazas no son bromas. El presidente del gremio en Cancún condena las agresiones de algunos taxistas, pero menciona “las provocaciones de los conductores de Uber, que no pueden trabajar y salen a la calle”. Lo hará, según la interpretación del Gobierno, cuando todo haya sido reglamentado. “Amamos esta ciudad y no queremos afectar el turismo”, dice Mis tranquilamente.
El Caribe siempre fue un mar de piratas. Hoy en día las cosas no parecen haber cambiado mucho, a pesar de que los turistas no se enteran de nada dentro de sus lujosos resorts. Y en el gremio del taxi tampoco está del todo claro el asunto. “En los destinos turísticos mucha gente se hace pasar por operador y no tenemos herramientas para saber si lo es o no, por eso queremos monitorear a los conductores”, dice Torres. Y zanja. “Hay taxis piratas y Uber piratas”.
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