La creciente cantidad de regulaciones impuestas por el Gobierno está poniendo a las empresas en una situación crítica. Los empresarios han alzado la voz, aumentando considerablemente el tamaño constante, complicando las operaciones comerciales y aumentando los costos, exacerbados por la inflación, lo que presenta un enorme desafío para las pequeñas y medianas empresas del país.
En la Asamblea General de Cepyme se presentó el «Manifiesto de las Pymes españolas por la libertad de empresa», que en otros puntos criticó las principales intervenciones del Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz. Este manifiesto denuncia la imposición de normas laborales sin medidas compensatorias, con repercusiones negativas para las empresas.
El documento, presentado en la reunión anual de Cepyme 2024 en Madrid, aborda temas como: la dignidad empresarial ante la estigmatización gubernamental, la regulación general, el respeto a la negociación colectiva, la protección de la flexibilidad interna de las empresas, el aumento del salario mínimo superior al 60% a partir de 2018, la aumento de impuestos y derechos, la correcta gestión del tiempo y de los recursos laborales y el respeto al diálogo social.
Cepyme advierte de que la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales tendrá un impacto especialmente negativo en las pequeñas empresas, lo que podría incrementar significativamente los costes laborales, comprometiendo su rentabilidad.
La indignación de los empresarios, reflejada en el manifiesto, pone de relieve el descontento por los numerosos cambios normativos que, en ocasiones, han vulnerado acuerdos anteriores. Muchas de estas medidas, como la reforma laboral, se aprobaron con el apoyo de los sindicatos y el gobierno, pero fueron perjudiciales para el sector empresarial.
El manifiesto incluye varias organizaciones que se suman a Cepyme, entre ellas 56 asociaciones territoriales, 3.000 de base y 85 organizaciones sectoriales. Estas organizaciones destacan la importancia de preservar la cohesión territorial, especialmente en las zonas rurales que dependen de la actividad económica local.
Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, criticó duramente al Gobierno durante la Asamblea, afirmando que quería consolidar su política mediante un «asalto» al diálogo social, valiéndose de interlocutores directos. Cuerva denunció que esas condiciones dificultaban enormemente la negociación y pidió al Gobierno adoptar actitudes comunistas que obstaculizan la libertad empresarial y el progreso en España.
