Interpol emite expediente rojo de búsqueda y captura contra esposa y hermanos de García Luna

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) ha emitido este miércoles expedientes rojos para la búsqueda y posterior extradición a México de la esposa y los hermanos de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública que fue declarado culpable en una corte de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y crimen organizado. Los expedientes fueron solicitados por la Fiscalía General de la República por un caso de corrupción diferente al que tiene encerrado al funcionario en Estados Unidos. La esposa y los hermanos de García Luna están acusados ​​de beneficiarse de una red de corrupción y enriquecimiento ilícito a través de contratos fraudulentos con prisiones federales.

Cristina Pereyra, esposa de García Luna, acompañó a su esposo durante el juicio que se llevó a cabo en una corte de Nueva York en marzo. Allí tuvo que comparecer por la complicidad en la relación comercial que tenía con el exfuncionario, y justificó su salida de México para vivir en Miami: “Queríamos que nuestros hijos tuvieran una vida normal”, dijo el único testigo que presentó la defensa al respecto. “Queríamos ofrecerles un poco más de libertad”. Desde entonces, Pereyra vive en Estados Unidos. En el juicio aseguró que todos sus bienes estaban en orden y que los obtuvo gracias al arduo trabajo de García Luna.

La ficha roja emitida en su contra es una notificación que Interpol emite a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de sus países miembros. El organismo internacional no detiene a nadie, solo emite una orden de arresto que debe ser ejecutada por la policía nacional del país en el que se encuentra el sujeto. La Fiscalía hizo el pedido a la Interpol en mayo de este año, cuando un juez federal ordenó la detención de los hermanos de Pereyra y García Luna y no comparecieron ante la justicia. Iban a ser procesados ​​por sacar dinero de la trama criminal orquestada por el cabeza de familia, quien además tiene otros asuntos pendientes con la justicia mexicana.

La primera orden de aprehensión contra García Luna es por el caso rapido y furioso nombre dado al polémico operativo policial implementado por la entonces Secretaría de Seguridad Pública. La estrategia terminó convirtiéndose en una red de tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México. La operación se llevó a cabo entre 2009 y 2011, cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos permitió, con el visto bueno de la Administración Obama, la salida de 2,500 armas ilegales a México. El objetivo era rastrear las armas y encontrar a los traficantes de drogas, pero el plan fue un fiasco que solo les dio más poder a los criminales.

La segunda orden de aprehensión contra el funcionario es por las operaciones fraudulentas que le permitieron obtener, según la Fiscalía, 64.900 millones de pesos gracias a la construcción y funcionamiento ficticio de varios penales federales, privatizados por gestiones del propio García Luna. La tercera orden, que incluye a los hermanos y la esposa del detenido, tiene que ver con los contratos abusivos y corruptos que supuestamente se firmaron con muchas prisiones federales. El monto asciende a 5.112 millones de pesos obtenidos a través de hasta 10 contratos fraudulentos.

En su batalla por recuperar los bienes sustraídos, la Fiscalía ha logrado asegurar propiedades y cuentas bancarias relacionadas con García Luna y su familia. En marzo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que había logrado asegurar 19 mansiones y departamentos propiedad del acusado, con un valor de alrededor de 18 millones de dólares. Cuatro de las propiedades están vinculadas a su esposa. La UIF denunció entonces que el exfuncionario creó una red internacional con la que desvió dinero a paraísos fiscales y lo utilizó para adquirir millonarias propiedades en Florida.

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