México es muchos días al año la tierra de los desaparecidos. En 2022, al menos 27 personas han desaparecido en el país todos los días, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hace tres semanas, las familias del abogado Ricardo Lagunes y el líder indígena Antonio Díaz Valencia se adentraron en este incesante mar de violencia. Desde que los dos activistas desaparecieron la noche del domingo 15 de enero en Tierra Caliente, en la vía que cruza la frontera entre los estados de Michoacán y Colima, sus familiares han comenzado a vivir una pesadilla. “Se me vino el mundo encima”, dice Keyvan Antonio Díaz Valencia, hijo de Antonio. “Fue sentir como se me partía el corazón”, cuenta Antoine Lagunes, hermano del abogado.
La última vez que Keyvan, de 26 años, habló con su padre fue ese domingo de enero, alrededor de las 6:45 p. m., menos de una hora antes de que desaparecieran. Antonio había viajado desde Morelia, donde vivía con su hijo y trabajaba como maestro, a la zona de San Miguel de Aquila, que visitaba regularmente por ser el líder de la comunidad indígena. Ese día asistió a una asamblea comunitaria con Lagunes, y ambos se dirigían al Estado de Colima cuando tuvo la conversación con Keyvan. El abogado vivía en la ciudad de Colima, y se había ofrecido a llevar a Antonio a la estación para tomar un bus hasta su casa.
Alrededor de las 10:00 p. m., Keyvan volvió a llamar a su papá, pero el teléfono decía que estaba fuera de servicio. Luego le envió algunos mensajes, pero nunca llegaron a ella. “No me preocupé tanto porque a esa hora suele venir mi papá en el bus y pensé: a lo mejor no tiene señal”, relató el joven en entrevista telefónica desde Michoacán. “Al día siguiente, me di cuenta de que mi padre no estaba en casa y fue entonces cuando me hizo ruido”.
La última persona en hablar con Ricardo Lagunes fue su esposa, María Ramírez. Le dijo alrededor de las 6:50 pm que iban camino a Colima, cerca de Coahuayana, a una hora de Aquila. Alrededor de las 7:00 p. m., envió un emoji a un grupo de WhatsApp que la pareja compartió con otras personas. Esa fue la última señal de vida que dio. Posteriormente, la familia supo que alrededor de las 7:25 p. m. hubo una llamada anónima al C5 de Colima —un sistema de vigilancia de la seguridad del Estado— reportando una camioneta abandonada en el Cerro de Ortega, ya en el Estado de Colima. Ese vehículo, que pertenecía a Lagunes y era en el que viajaban los dos activistas, apareció con impactos de bala, pero sin rastros de sangre.
“Entre las 7:00 pm y las 7:25 pm, en ese breve momento, fueron interceptados”, dice Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo. Lo que sucedió en esos minutos aún no está claro y las autoridades no han dado a conocer una versión de los hechos. “Los testigos tienen mucho miedo de hablar, no sabemos exactamente qué pasó”, añade la mujer de 37 años. “Realmente vemos mucha lentitud en los procesos investigativos, la búsqueda sin un plan claro”.
Lagunes y Díaz Valencia llevaban tres años trabajando en la regularización de las elecciones en la comunidad de Aquila y se habían enfrentado a un grupo que les había impuesto una comisión años antes. La labor del abogado lo había llevado a solicitar apoyo al menos en otras dos ocasiones al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Tras la desaparición, uno de sus compañeros, Julián Álvarez, con quien también tiene una organización llamada Asesoría y Defensa Legal del Sureste, lo volvio a pedir. Sin embargo, la familia del activista no ha recibido ninguna información hasta el momento. “Es una máquina muy lenta”, dice Ana Lucía.
Sus allegados describen a Lagunes como un abogado muy entregado a su trabajo. Llevaba una década luchando por la defensa de los derechos humanos, principalmente en el sureste del país. Es muy conocido entre sus colegas por su trayectoria profesional, incluso entre organizaciones nacionales e internacionales. Además de derecho, ha estudiado un máster en Protección de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, en Madrid. Está casado con María Ramírez, con quien tiene una hija pequeña.
El hijo de Díaz Valencia cuenta que su padre de 71 años se dedica a la docencia, él está a cargo de la supervisión escolar en el municipio de Madero, en Michoacán. Además, lleva toda su vida trabajando por la defensa de los derechos de su comunidad nahua en Aquila, donde fue presidente municipal hace 50 años. Nunca había recibido amenazas hasta su desaparición, dice Keyvan Antonio Díaz Valencia. “No sentimos que estuviera en peligro. Obviamente, cuando trabajas en temas de derechos humanos y defensa de los derechos indígenas, siempre está latente. [la amenaza]”, dice.
En San Miguel Aquila, las tensiones políticas habían ido en aumento desde hacía tiempo, en parte por la regularización de las elecciones y en parte por la operación de una mina de hierro a cargo de la empresa Ternium, parte del conglomerado ítalo-argentino Techint. El minero ha salido a decir, tras la desaparición, que siguen con “mucha preocupación” lo sucedido a los dos “importantes líderes de la comunidad”. Esta zona de Tierra Caliente es también una de las regiones más peligrosas de México en la actualidad, gracias a la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Allí mismo, esta organización del crimen organizado asesinó a un coronel del Ejército el 21 de enero.
“Esa es una zona de conflicto bastante difícil, como en muchas zonas del país, donde no solo están involucrados intereses políticos, sino también criminales. Entonces todo esto es un caldo de cultivo para la impunidad”, dice Antoine Lagunes, de 46 años, por videollamada desde Tabasco. Los familiares de los dos activistas desaparecidos saben que son parte de un inmenso mar de desesperación en el que se encuentran miles de familiares de desaparecidos en México. “Es como si el tiempo se hubiera detenido y estuviéramos en una pesadilla.”, dice el hombre, “ha sido como estar en una montaña rusa de sentimientos de desesperación, ira, mucho dolor”agregar.
Apenas unos días después de aquel trágico domingo, Díaz Valencia apareció en un video que circuló en redes sociales, en el que se le ve hablando de vínculos entre gobernantes locales y varios delincuentes de la zona. Su hijo ha asegurado que se trata de declaraciones realizadas bajo amenazas, pero admite que fue una buena noticia verlo tras la desaparición. Desde aquel 15 de enero, las dos familias han tratado de mover cielo y tierra para buscarlos y presionar a las autoridades para encontrarlos con vida. “Ha sido muy agotador porque hay que intentar que hagan bien su trabajo, pero también estamos sufriendo mucho cada minuto que no sabemos nada de ellos”, dice Ana Lucía.
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