La DEA insiste en su gran cruzada del siglo XXI, el tráfico de fentanilo, un poderoso opioide que se fabrica principalmente en México. En una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, la directora de la agencia antidrogas de ese país, Anne Milgram, señaló al vecino del sur por no hacer lo suficiente para frenar el trasiego. Milgram ha pedido al Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que “haga más” para frenar la fabricación y el tráfico del opioide.
“Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que esto está causando”, dijo Milgram. Solo en 2021, último año del que hay registros, Estados Unidos contabilizó casi 108.000 muertes por sobredosis de opioides, una cifra histórica, impulsada por el auge del fentanilo, una sustancia de fácil producción 50 veces más potente que la heroína. Como dijo la agencia en diciembre, como balance anual, solo dos miligramos de fentanilo, que caben en la punta de un bolígrafo, son suficientes para matar.
Entonces y ahora, Milgram y la DEA apuntan a dos actores criminales como los máximos responsables de la epidemia al norte del Río Grande, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Estos dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco, dominan la cadena de suministro mundial de fentanilo”, dijo Milgram. Según la DEA, estos grupos criminales importan precursores químicos de China y montan laboratorios clandestinos para producir la droga.
En su balance de diciembre, la DEA informó que el año pasado incautó suficiente fentanilo para preparar 379 millones de dosis. Gran parte de la droga incautada, explicó la agencia, se presentó en forma de píldoras de uso comercial falsificadas, como OxyContin, Percocet o Xanax. El problema suele ser que la dosis de fentanilo de las pastillas que se venden en el mercado negro es mortal.
Milgram ha criticado que México no comparte suficiente información con Estados Unidos sobre la incautación de fentanilo y sus precursores, no persigue lo suficiente a los laboratorios clandestinos de drogas ni extradita a suficientes narcotraficantes. El Gobierno de López Obrador ha reportado estos años de decomisos de droga, como en noviembre pasado, cuando la Guardia Nacional descubrió 2,000 pastillas escondidas en enormes hogazas de pan en Sinaloa, o en diciembre, cuando la Fiscalía General de la República localizó 300 kilos del opiáceo escondidos en cocos
Las palabras de Milgram son extrañas, a juzgar por la información divulgada en los papeles de la Sedena, una filtración masiva de documentos del Ministerio de Defensa hace unos meses, gracias al colectivo de hackers Guacamaya Leaks. Como informó EL PAÍS, los documentos mostraban una estrecha colaboración entre los dos gobiernos y el intercambio de inteligencia sobre el tráfico de drogas, en particular el fentanilo.
Pese a todo, la relación entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y el Gobierno de México no atraviesa su mejor momento. El fiasco en el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido al norte de Río Grande hace año y medio por narcotráfico, enfrió la colaboración entre ambas partes. El Gobierno mexicano forzó el traslado a México de Cienfuegos, secretario de Defensa en el anterior Gobierno, presidido por Enrique Peña Nieto (2012-2018). Tras analizar las pruebas, México decidió no acusar al general.
Otra situación extraña que no ayuda a que la relación mejore es el despido, el año pasado, del gerente de la agencia en México, Nicolás Palmeri. Según el Gobierno de Estados Unidos, Palmeri hizo “uso de fondos de la lucha contra las drogas para fines inapropiados”. El titular de la dependencia en México se reunió con abogados de narcotraficantes en circunstancias poco profesionales, según reveló la investigación periodística que sacó a la luz el caso, encabezada por el poste de washington y Prensa Asociada.
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