Hace una semana, en este espacio, desarrollé la primera parte de una reflexión sobre el desafío que representa la inseguridad ciudadana en el país, más allá de la obsesión de las distintas formaciones políticas por compartir culpas. En realidad, todos los gobiernos han fracasado, aunque esto no debe ser excusa para ignorar que, en el fondo, también es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Y no se trata en este punto de autoflagelarse, sino simplemente de aceptar las consecuencias y los sacrificios que tendríamos que hacer como comunidad, en el entendido de que la penetración del crimen organizado en la vida regional, y eventualmente nacional, seguirá aumentando hasta llegar a niveles insostenibles. Hace mucho que pasamos el punto en que una estrategia de gobierno, una idea brillante o un líder carismático podrían sacarnos del atolladero. Más allá del interminable debate sobre las estadísticas criminales que suben o bajan, según el lente político con el que se mire, lo cierto es que en términos cualitativos el peso de los delincuentes en la economía y en la política de grandes regiones va en aumento.
Hace quince años podríamos haber considerado la legalización de las drogas como un antídoto a la expansión de los cárteles. Hoy, sin ser inútil, sería una medida insuficiente. No afectaría sustancialmente a bandas como Los Ardillos, o equivalentes, capaces de controlar una región y expoliarla de muy diversas formas: tala clandestina, huachicol, extorsión de negocios, control de la piratería y el comercio informal, protección de clubes, asaltos a las carreteras y al transporte, impuestos a los productores, y un largo etcétera.
Hace veinte años podríamos haber considerado que el fortalecimiento y profesionalización de las policías estatales y municipales habría contenido la penetración de los delincuentes en la vida local. Hoy resulta que el poder de fuego de los cárteles supera con creces las posibilidades de las patrullas municipales, por muy equipadas que estén. Las incursiones de 30 o 40 camiones con sicarios han llegado a una escala que solo se puede responder con el Ejército. Y, por lo demás, la corrupción de las fuerzas de seguridad regionales es tal que una inversión unilateral en estas instituciones terminaría favoreciendo a los cárteles que las dominan.
Hace diez años, la instalación de varios centenares de cuarteles por todo el territorio y el consiguiente despliegue de miles de soldados o guardias nacionales, tal vez habrían marcado la diferencia. Hoy el Ejército es percibido como una fuerza de ocupación en regiones donde las pandillas se han integrado a la comunidad, como vimos en Guerrero. Lo mencioné la semana pasada: los cárteles siempre han buscado una especie de legitimación social en su entorno, por razones que tienen que ver tanto con la vanidad como con la búsqueda de seguridad adicional. Pero por lo general estos eran objetivos secundarios. Lo que estamos viendo ahora en el sureste parecería ser mucho más simbiótico. Poblaciones en las que gran parte de sus integrantes asumen que su supervivencia deriva de los desbordes directamente vinculados a las actividades de las pandillas. Seguramente una mezcla de miedo, conveniencia y falta de oportunidades.
La multiplicación de tareas por parte del crimen requiere operarios, suministros, guardias, mensajeros, vendedores y pistoleros. Con el tiempo, ambos se han mezclado con la población. Los cuadros que las dirigen son locales, aunque en alianza con bandas suprarregionales. Es decir, no es que dos mil personas fueron manipuladas u obligadas a protestar en Chilpancingo; en realidad salieron en defensa de un estado de cosas con el que están de acuerdo y que se sienten amenazados. Para ellos, el Estado mexicano es una entidad extranjera, heterogénea e inconsistente en el tiempo; su realidad es un orden local presidido por los hombres fuertes de la región, autoridades locales sumisas y un precario equilibrio económico que depende de actividades subordinadas a las pandillas.
Lo que quiero decir con todo lo anterior es que ninguna medida por sí sola resolverá el cáncer convertido en metástasis que aqueja a buena parte del territorio y la sociedad mexicana. Probablemente los necesitemos a todos, junto con muchos otros en un esfuerzo concertado. Gane Morena o gane la oposición en las próximas elecciones, tendríamos que entender que la crisis de inseguridad ha superado el punto en que puede ser resuelta exclusivamente por los políticos. ¿Por qué? Porque otros políticos rivales invariablemente terminarán descarrilando cualquier intento serio de resolver el problema.
Será necesario afrontar el endurecimiento de algunas leyes sobre bases consensuadas y temporales, asumir medidas de inteligencia financiera que tal vez no sean benéficas para muchos, dedicar montos de inversión pública en seguridad y profesionalización de policías que deberán provenir de otras partidas presupuestarias, incorporar incómodos controles aduaneros para frenar el trasiego de armas y contrabando de mercancías, introducir medidas draconianas contra la corrupción, considerar ingentes recursos para sanear y vigilar el aparato de justicia comenzando por el ministerio público, tolerar la presencia de cuarteles, retenes y efectivos operativos en las zonas más conflictivas, virtuales y Supervisión punitiva en las calles.
No estoy diciendo que las medidas descritas anteriormente sean necesariamente la respuesta. Se requiere inteligencia para hacer diagnósticos precisos, participación experta, exploración e imaginación. Pero sobre todo la decisión colectiva de hacer algo fundamental para enfrentar el problema. No podemos seguir usando la nota roja para descalificar políticamente al actual gobierno y llevar agua al ingenio mismo. Hemos llegado al punto en que cualquier remedio implica sacrificios y por lo tanto es vulnerable a la crítica política mezquina y partidista.
Hace unos días Marcelo Ebrard presentó algunas ideas sobre el uso de las nuevas tecnologías para combatir el crimen. Fue acribillado por la prensa crítica. Claro que no se puede ser ingenuo, él también buscó promocionarse políticamente. Pero al menos fue un intento de solucionar el problema y se agradece el esfuerzo. Más que criticar puntualmente el contenido de su propuesta, me parece que es necesario que todo aquel que aspire a dirigir los destinos de México comprenda que el problema ya rebasó los límites políticos y requiere un llamado más amplio para que, como sociedad, asumamos los consensos, sacrificios y medidas que debemos adoptar. Metas, objetivos y acciones a corto, mediano y largo plazo, independientemente del gobierno de que se trate. Si no lo hacemos así, de forma consciente y autorregulada, al final sólo quedará el abismo o la represión impuesta de forma autoritaria.
@jorgezepeda
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