Si bien el Gobierno de López Obrador lanzó desde un inicio una cruzada contra las grandes empresas que venden medicamentos por la sombra de la supuesta corrupción, las alternativas de esta Administración de comprar millones de medicamentos sin intermediarios tampoco dan resultados. Las licitaciones aplazadas o desiertas, las negociaciones privadas y las adjudicaciones directas han sido constantes. Entidades como la estatal petrolera, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno del Estado de México han terminado comprando sus medicamentos por separado y, a partir de este año, el gobierno federal ha vuelto a permitir la participación de distribuidores en grandes licitaciones de medicamentos y material de curación. Mientras tanto, los pacientes en los centros de salud públicos se quedan esperando medicamentos debido a la escasez intermitente.
El más reciente botón de muestra, la primera megacompra de medicamentos del año, cuya decisión estaba prevista para el pasado viernes, fue aplazada para esta semana ante la necesidad de un análisis exhaustivo de las propuestas de los códigos 639 a licitar, así como como las reiteradas quejas de los farmacéuticos de que la página de Compranet a través de la cual participarían presentaba errores técnicos.
En esta licitación internacional, el Gobierno pretende adquirir los medicamentos y elementos curativos que serán utilizados durante los próximos dos años por nueve unidades de la Administración central. Entre los compradores se encuentran el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); las Secretarías de Marina, Defensa Nacional y Salud; la Guardia Nacional, Hospitales de Alta Especialidad, entre otros. Según el acto de apertura de propuestas, 173 empresas participaron buscando ser proveedores. La licitación, que contempla la compra de un mínimo de 280 millones de piezas y un máximo de 700 millones de piezas, abarca desde genéricos como paracetamol y parches de nicotina hasta material quirúrgico.
En las trincheras, dentro de los hospitales, el personal médico sigue esperando suministros para poder atender a los enfermos. “A nivel general hay falta de medicamentos y esto aumenta aún más el tiempo de hospitalización de los pacientes, para nadie es un secreto que el sistema de salud pública está sobrecargado de pacientes, a veces faltan analgésicos, antibióticos de amplio espectro. o insulinas”, dice un trabajador del sector salud, quien prefiere no dar su nombre para evitar represalias. La enfermera, con más de una década de experiencia en un hospital público del Estado de México, indicó que si bien la falta de medicamentos ha sido un problema latente desde la pasada Administración, ahora se ha agravado con la pandemia. En su experiencia, precisa, de la lista básica de medicamentos que debe tener un hospital, hay un desabastecimiento del 8% al 20%
Desde que inició este gobierno, una de sus principales batallas ha sido contra supuestos actos de corrupción en la compra de medicamentos. En 2019, el Ejecutivo vetó a una decena de comercializadoras farmacéuticas porque, a juicio de la Administración federal, se apropiaron de la mayor parte del negocio y luego implementaron su propio esquema logístico para la adquisición y distribución de medicamentos. Para la compra utilizó la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS), mientras que para la distribución de medicamentos se anunció la creación de una empresa estatal a través de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
Sin embargo, en octubre pasado, el Gobierno rescindió anticipadamente el contrato con UNOPS, aunque el acuerdo original vencía hasta 2024, y también se anunció que Insabi entregaría los medicamentos directamente a los hospitales sin pasar por los hospitales para acortar tiempos. “Estamos trabajando en mejorar la distribución para que lleguen al paciente. Necesitamos que los medicamentos no se queden en almacenes y en manos de quien no los requiera”, declaró en ese momento el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer.
Ahora, el gremio farmacéutico celebra que las recientes licitaciones contemplen nuevamente a las comercializadoras. Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), indicó que el giro para incorporar distribuidores les da más certeza. “Somos optimistas, queremos que sea una licitación transparente y que abarque el mayor número de llaves posible. Ahora por lo menos hay un diálogo y sentimos que esta puja se hace mucho mejor, mucho más efectiva. Antes más que el desabastecimiento, las licitaciones de UNOPS cubrían el 30% de la demanda y era un modelo que no funcionaba en México y este modelo que está haciendo Insabi es mucho mejor, es más transparente y ayuda a cubrir el desabastecimiento” , indica.
El año pasado hubo reiteradas denuncias de escasez de medicamentos contra el cáncer, antirretrovirales para pacientes con VIH u otros fármacos como ketorolaco, diclofenaco inyectable, ampicilina o captopril. En el último tramo de su gobierno, el presidente aún tiene que garantizar el abastecimiento de medicamentos en todos los rincones del país. Si bien el Insabi presume resultados con una inversión de más de 100,000 millones de pesos para garantizar el abasto de medicamentos y el sector farmacéutico se muestra optimista con las últimas acciones de la Administración federal, serán los pacientes quienes verifiquen si sus tratamientos son una realidad o uno más promesa
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