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América Latina es una región diversa y eso también se puede ver en cómo los países están avanzando en su transición energética. Mientras Chile, México y Brasil han aumentado su producción de energías renovables en más de un 60%, y Uruguay y Costa Rica lideran los índices de transición energética, otros, ex joyas petroleras como Venezuela, apenas están dando vueltas. Pero en una región como esta, donde la extracción de combustibles fósiles ha estado marcada por conflictos socioambientales, no basta ver este cambio como un camino hacia las energías renovables. Es también un camino hacia la justicia, la participación y una economía que no deje a nadie atrás. Así andan algunos países de la región:
Chile, el hidrógeno verde más barato
Los 4.000 kilómetros de territorio chileno otorgan al país sudamericano una ventaja privilegiada para producir hidrógeno verde. La radiación en el norte es más alta que en cualquier otra parte del mundo y en el extremo sur, la alta intensidad y consistencia del viento también la beneficia. Los principales objetivos de la estrategia nacional son producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 2030, ser uno de los principales exportadores para 2040 y tener 5 GW de capacidad de electrólisis en desarrollo para 2025.
Hay 42 proyectos de hidrógeno verde en Chile, de los cuales 14 están en fase de factibilidad, según la Asociación Chilena de Hidrógeno. En marzo, el proyecto piloto Haru Oni, de la empresa Highly Innovative Fuels (HIF)iniciará su producción a escala comercial en la Patagonia y se convertirá en la mayor planta de producción de gasolina sintética a base de combustible limpio de América Latina.
Chile alcanzó un hito el año pasado cuando la energía solar y eólica superaron al carbón en la generación de electricidad en un período de 12 meses, según el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y la Comisión Nacional de Energía. El 29% de la generación anual provino de fuentes de energía solar y eólica y el 27% del carbón. El país sudamericano necesita inversión en nuevas líneas de transmisión y almacenamiento de energía para cumplir la meta -ratificada el año pasado- de descarbonización para 2050.
El Gobierno de Gabriel Boric firmó acuerdos en noviembre pasado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) para impulsar la industria del hidrógeno verde. La suma de ambos préstamos para el desarrollo de la industria es de 750 millones de dólares (350 millones del Banco Mundial, divididos en dos etapas; y 400 millones del BID).
Para impulsar la transición energética, el Gobierno tuvo como propósito promover en el Congreso tres grandes reformas regulatorias: promover un esquema de transmisión de energía eléctrica, generar más redes bidireccionales en la distribución de energía eléctrica y administrar un sistema de remuneración en el mercado mayorista. El ministro de Energía, Diego Pardow, aseguró la semana pasada que no se puede ignorar “el momento político” que atraviesa el país, por lo que durante la próxima legislatura avanzarán en solo una de estas reformas. Aún no se sabe cuál.
Colombia: grandes anuncios, pero ningún plan
La transición energética volvió a estar en el centro de la discusión en Colombia luego de que la ministra de Minas, Irene Vélez, reafirmara durante el Foro Económico Mundial, en Davos, que no se firmarán nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. Si bien es una buena señal a nivel climático, la forma de anunciarlo -sin un plan de cómo hacerlo- dejó muchas dudas de si se trata simplemente de un anuncio que quiere dejar al Gobierno parado tras bambalinas. Como señala el experto Giovanni Pabón, del think tank Transforma, comunicar este cese sin un plan de transición económica y social solo genera más dudas.
“Hay cerca de 400 contratos de exploración, pero la pregunta es si lo que hay es suficiente para mantener la energía en los próximos años, de aquí a 2030 o 2050, por ejemplo. Y no tenemos cifras al respecto”, comenta. O, al menos, las que ha dado el ministro Vélez no son claras y, según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para tomar una decisión hay que esperar a nuevos estudios.
En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las industrias extractivas pueden representar alrededor del 60% de las exportaciones, por lo que la transición energética también es económica. De hecho, según un cálculo de WWF Colombia y Conexión Análisis, un modelo productivo colombiano no basado en petróleo, gas y carbón implica que se encuentre una actividad económica que genere, en el corto plazo, más de 50 mil millones de pesos de PIB anualmente.
Pero la transición energética, tal y como la está planteando el Gobierno, también olvida la parte de la justicia. Andrea Cardoso, docente de la Universidad del Magdalena, Santa Marta, explica que es urgente que se debatan las alternativas económicas para las regiones que dependen del extractivismo, cómo se dará la reconversión laboral y cuál es la política de reindustrialización regional. “Es un error para mí que no sea algo de lo que hablen todos los ministerios”, dice. “Está pasando como cuando se anunció la salida de Prodeco [una de las empresas de carbón más fuertes de Colombia]que se hace sin un plan, sin un combo de medidas, por eso genera confusión”.
En cuanto a los ingresos de las energías renovables, todavía son pequeños. La capacidad instalada actual representa solo el 6,53% de la energía si se tienen en cuenta las pequeñas centrales hidroeléctricas y cogeneradores que usan biomasa, y solo alcanza el 1,58% si es solo solar y eólica. Y aunque el último gobierno, el de Iván Duque, dijo que con los proyectos subastados podría aumentar al 12%, el desafío, como comenta Cardoso, es que estos proyectos limpios no reproduzcan la lógica no participativa de la industria extractiva.
Una Venezuela postpetrolera que no ha pensado en la transición
Ser el país con las mayores reservas de petróleo del mundo es un lastre demasiado pesado para una Venezuela que, en la última década, se ha empobrecido vertiginosamente a pesar de su riqueza energética. El país está en la cola de una transición energética, un tema que no está en la agenda ni en la conversación, pero que el presidente Nicolás Maduro mencionó recientemente, justo cuando vive los malos tiempos de una economía que se ha vuelto post-petróleo. después de llevar a cabo el colapso de la industria durante años de corrupción y mala gestión, y en medio de una grave erosión de la democracia.
El país ocupó el puesto 111 de 115 en el último informe del Índice de Transición Energética de la foro Economico Mundial, siendo de los más atrasados. “Los actores políticos y económicos siguen aferrados a que los combustibles fósiles seguirán siendo hegemónicos”, explica Antulio Rosales, profesor asistente de Ciencias Sociales de la Universidad de New Brunswick, Canadá, investigador venezolano sobre economía y política de extracción de recursos naturales. . . Venezuela no solo está en la cola, advierte Rosales, sino que además el país es pobre energéticamente, lo que implica un enorme sufrimiento para la población. “Venezuela está llegando a una transición depredadora, no planificada, una mezcla de mala gestión, corrupción y sanciones que llevaron a una profunda debacle”.
Si bien la crisis puede ser una oportunidad, el tema no está siendo tomado en cuenta en instancias cruciales como la mesa de negociaciones entre la oposición y el gobierno en México. Se ha hablado de inversiones para recuperar la industria petrolera sin pensar en el futuro de esa industria y cuáles son los costos y beneficios de hacerlo, dejando de lado las energías renovables. La geopolítica energética, interrumpida por la guerra de Rusia en Ucrania, tampoco está ayudando. Para algunos puede ser un freno y para otros una oportunidad de acelerar la transición. Venezuela aprovecha el momento para ponerse en el punto de mira como proveedor mundial de energía. Y una parte del mundo también está presionando por ello en medio de la crisis.
La represa de Tocoma, uno de los grandes proyectos para generar hidroelectricidad, fue abandonada hace más de una década, no sin grandes desfalcos de activos. Un pequeño parque eólico construido en el oeste del país nunca llegó a despegar. El gobierno de Maduro, si bien habla de la transición energética y felicita las iniciativas del vecino Gustavo Petro en el tema, parece enfocado en reeditar la diplomacia petrolera de los tiempos de Chávez con la reactivación de alianzas en torno a Petrocaribe. Cuando la producción de PDVSA está en su punto más bajo, no repunta y las sanciones han dificultado su comercialización, el líder chavista ha apalancado sus finanzas en el extractivismo minero, con la explotación del Arco Minero del Orinoco y sus graves consecuencias ambientales. “Es hora de que Venezuela tenga una discusión seria sobre este tema”, dice Rosales. “En algún momento, la economía global se enfrentará a escenarios catastróficos si no nos proponemos reducir los combustibles fósiles. En algún momento, vamos a dejar de usar combustibles fósiles”. En ese momento, gran parte de los 1.500 millones de barriles de crudo recuperable en las reservas de la Faja del Orinoco permanecerán bajo tierra.
México, entre un paro a las renovables y al litio
El sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a fines de 2018 comenzó con un portazo que resonó en todo el mundo. Una de sus primeras instrucciones fue cancelar las subastas de energía renovable que había iniciado el gobierno anterior, en las que el Estado ofrecía licencias para generar electricidad a partir de fuentes eólicas y/o solares a empresas privadas (muchas de ellas extranjeras) al mejor precio. Además, López Obrador (AMLO) revirtió gran parte de la legislación que abría el mercado energético, concentrando el poder en la empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La CFE, por su parte, ha criticado la energía limpia e incluso la ha culpado de los apagones.
Algunas empresas han tenido que abandonar sus inversiones en parques eólicos, como parte de un esfuerzo del regulador por no renovar y otorgar nuevas licencias a empresas privadas de energía renovable. Sin embargo, la Administración de AMLO, como se conoce al presidente, ha dado muestras de apertura en las últimas semanas. Ha dicho que está dispuesto a permitir que empresas de energías renovables operen en el país si el proyecto es gestionado por la Secretaría de Energía y la CFE.
Sin duda, el plan más ambicioso de López Obrador en la transición energética es el Plan Sonora, que incluye cinco plantas de energía solar con una capacidad de 1,000 megavatios. La inversión de 1,685 millones de dólares beneficiará a más de cuatro millones de habitantes de Sonora y Baja California, según autoridades. Además, México cuenta con una de las mayores reservas de litio no confirmadas del mundo, por lo que el Plan también contempla la creación de una empresa paraestatal para explotar, producir y exportar el mineral. Según el decreto enviado por el Ejecutivo al Diario de la Federación, las empresas privadas tendrán la oportunidad de invertir en proyectos de litio bajo ciertas condiciones.
