México es el país que más ha sido acusado dentro del Tratado de Libre Comercio entre los países de América del Norte (TMEC), por no hacer nada para evitar daños al medio ambiente. Desde que la Comisión para la Cooperación Ambiental se rige por el tratado de libre comercio firmado en 2018 entre Estados Unidos, México y Canadá, se han presentado nueve peticiones ciudadanas para que la dependencia investigue casos en los que se están violando las leyes ambientales de los países. Siete de esas denuncias son contra México.
Si bien la comisión como tal no está facultada para sancionar a ninguna de las partes, los expedientes de hechos que integran el grupo de peritos independientes en casos de daño ambiental tan controvertidos como la construcción del Tren Maya o la extinción de la vaquita marina, pueden ser utilizado por Estados Unidos y Canadá para solicitar medidas correctivas a México o incluso llamarlo a consultas por no cumplir con las obligaciones ambientales, contempladas en el TMEC. La misma ruta que sigue la disputa energética entre los tres socios por la política proteccionista de México.
La comisión y el mecanismo de peticiones no son nuevos, fueron creados dentro del acuerdo ambiental paralelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), antecesor del T-MEC, el 1 de enero de 1994. Sin embargo, con la firma del TMEC, el mecanismo quedó completamente regido por él. El sistema de peticiones permite que cualquier persona u organización en América del Norte plantee cuestiones en las que cree que uno de los países no está aplicando sus leyes ambientales. Hasta el momento se han presentado nueve denuncias, de las cuales solo dos son en relación a Estados Unidos y Canadá.
Una vez presentada la petición, la secretaría de la comisión tiene 30 días naturales para ver si cumple con los requisitos y, de ser así, tiene otros 60 días para determinar si recomienda o no al consejo de la comisión la realización de un expediente de hechos. “El expediente de hechos es un documento de investigación elaborado por un grupo independiente de expertos que va a profundizar en un tema. Se publica en tres idiomas. Se vuelve muy público”, explica el director de asuntos legales y jefe de la unidad del sistema de peticiones de la comisión, Paolo Solano.
En ese sentido, de las nueve peticiones presentadas bajo el TMEC, tres ya han sido rechazadas por la comisión, dos contra México y una contra Canadá. Por lo tanto, quedan seis activos: todos contra México, excepto uno, que es en relación a Estados Unidos.
Entre las peticiones para investigar temas en México, las más cercanas a convertirse en expedientes de hechos son las relativas a la protección de la tortuga boba y la extinción de la vaquita marina. También existe una petición sobre el daño ambiental causado por la construcción del Tren Maya, que actualmente está siendo analizada por la secretaría de la comisión para decidir si recomienda o no la creación de un expediente de hechos. Hay otra denuncia sobre un desarrollo residencial en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que pone en riesgo los recursos forestales y las aves de la zona; y el más reciente, que está solo en la primera etapa y fue presentado recién el 3 de febrero, sobre la producción de aguacate en Michoacán y la deforestación que provoca en la región.
Solano reconoce que históricamente México ha sido objeto de más peticiones. “Estados Unidos y Canadá tienen mecanismos de acceso a la justicia ambiental que son bastante efectivos, bastante expeditos”, explica. Además, señala que dado que la comisión es parte medular del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, se le ha dado más importancia al mecanismo de peticiones porque ahora está más ligado a temas comerciales.
A pesar de la falta de facultades para sancionar, Solano indica que está por verse el alcance de la publicación de un expediente de hecho en el marco del TMEC, lo que hasta ahora no se ha hecho. Sin embargo, recuerda otros casos, presentados en años anteriores, que han servido para lograr cambios en materia ambiental. Como el de un horno de cal, una cantera para extraer piedra caliza, en el Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas, que fue clausurado por el gobierno federal luego de que los ciudadanos elevaran el expediente de hecho del caso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. . “No le decimos a nadie que cierre, cierre, no tenemos ese mandato. Pero el hecho de que presentemos esta información de manera accesible permite que un peticionario pueda presentarla ante otras instancias u otros foros”, afirma el director jurídico de la comisión.
Ahora con el TMEC se puede dar más seguimiento a la publicación de un expediente de hechos. En primer lugar, según el tratado, luego de la publicación de un expediente de hechos, el país tiene que dar un informe a sus contrapartes de lo ocurrido y lo que está haciendo al respecto. Por otro lado, Estados Unidos cuenta con un comité interministerial que monitorea el cumplimiento del TMEC en los otros dos países. Y por si fuera poco, los temas ambientales, como otros, pueden ser llevados a consulta entre los tres países.
En el caso de la vaquita, no fue necesario que la comisión publicara el expediente de hechos para llamar la atención de Estados Unidos sobre lo que sucede en México ante la extinción del mamífero en el Alto Golfo de California. En 2021, cuatro organizaciones estadounidenses presentaron una petición a la comisión sobre la situación y antes de que el mecanismo recomendara hacer la investigación, el gobierno estadounidense anunció que llamaría a consultas a México bajo el T-MEC por el abandono de la vaquita marina.
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