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Morena y Va por México llevan a los tribunales la campaña presidencial

porConfidencial de México

Jul 21, 2023
Morena y Va por México llevan a los tribunales la campaña presidencial

La carrera por la sucesión presidencial ha estado llena de demandas y denuncias. De Xóchitl Gálvez contra Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género. Desde Morena militantes contra candidato opositor por enriquecimiento ilícito. Del Partido Acción Nacional (PAN) contra el presidente por persecución política contra su presidencial. La competencia, paradójicamente fuera de los tiempos establecidos por la ley, también se ha visto atravesada por medidas cautelares, sentencias del Tribunal Electoral y amenazas entre los tapas, como son llamados los que han levantado la mano para ser candidatos en las elecciones de 2024. Todo, en los últimos días. Los recursos judiciales han entrado de lleno en las campañas y, más allá de su destino en los juzgados, se han convertido en herramientas para avanzar en la batalla y hacer mella en el cuerpo de los rivales. Así han entendido Morena y la coalición opositora Va por México el momento político, como un toma y daca que oscila entre reivindicaciones legítimas y estrategias proselitistas.

La disputa entre Xóchitl Gálvez y López Obrador domina la conversación desde antes de que la senadora hiciera públicas sus intenciones de postularse a la candidatura presidencial de la oposición a mediados de junio. La legisladora pedaleó hasta Palacio Nacional con un amparo en la mano para exigir su derecho de réplica, pero el presidente le negó el ingreso a su conferencia mañana. Lo que comenzó como un intercambio de reclamos y descalificaciones escaló para tomar tintes más serios. Gálvez ya presentó dos denuncias contra la mandataria por violencia política de género, malversación de recursos públicos para agredirla y por hacer pública información financiera de sus empresas. En medio del rifirrafe, el Ejecutivo agitó también las amenazas judiciales, al deslizar los datos de los contratos públicos que ganó la empresa del candidato opositor e insinuar que hubo irregularidades.

López Obrador muestra los contratos que obtuvo Xóchitl Gálvez con sus dos empresas, el 17 de julio en Palacio Nacional.Moisés Pablo Nava (Cuarto oscuro)

No es la primera vez que las acusaciones lanzadas desde la tribuna presidencial se interpretan como señales políticas contra los acusados. A veces como arma disuasoria. Otros, como un intento de desprestigiar o sembrar en la población la idea de que los rivales “son los de siempre”, “la mafia en el poder”. Pero no son solo nocauts. Cuando Morena anunció la bandera de salida de la contienda sucesoria, el PAN y otros partidos de oposición denunciaron anticipados actos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que dictó medidas cautelares y difundió un primer esbozo de lo permitido y prohibido en los llamados “procesos internos”. Cuando Va por México, la alianza encabezada por el PAN, decidió imitar el proceso de sus rivales, el partido del presidente les pagó en especie y les impuso las mismas restricciones.

Cada semana, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se llena de recursos promovidos por los propios partidos para hacer tropezar a sus adversarios y de argumentos de defensa para no ser atrapados. López Obrador aceptó a regañadientes las medidas de las autoridades electorales esta semana, pero supo encontrar la manera de darle la vuelta a las restricciones: presentó “Yo no lo dije”, una nueva sección para exhibir a sus críticos, y siguió con sus cuestionamientos contra Gálvez y Santiago Creel, otro panista que aspira a estar en la papeleta.

La defensa de López Obrador contra Gálvez hizo entender a los aspirantes que el foco mediático y político estaba ahí. Desde entonces, los opositores no han escatimado en sus críticas al presidente. Los partidarios del gobierno, por su parte, no han dudado en cerrar filas con el presidente. También se ha replicado la judicialización de la demanda. El morenista Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo, presentó este jueves una denuncia contra Gálvez por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses y corrupción cuando estuvo al frente de esa Alcaldía (2015-2018). Romo aseguró que tiene evidencias de manejos irregulares relacionados con el sector inmobiliario y gestiones para que sus empresas sean contratadas. Gálvez dijo que no tenía nada que ocultar y revirtió el ataque. “Rata embotada”, lo llamaba.

Morena también ha apuntado a Creel por negarse a ceder su curul en la Cámara de Diputados, a pesar de que se registró como candidato a la candidatura de Va por México desde la primera semana de julio. Los reclamos por las corcholatas se convirtieron en un punto de acuerdo aprobado en el pleno de la legislatura por la mayoría oficialista, que le dio un ultimátum al presidente de la Cámara Baja para que deje su cargo: si no lo hace antes del viernes, presentarán una demanda formal.

El diputado Santiago Creel (derecha) con el senador Julen Rementería en el Senado, el 18 de julio.
El diputado Santiago Creel (derecha) con el senador Julen Rementería en el Senado, el 18 de julio.Graciela López Herrera (Cuarto oscuro)

“Es delictivo lo que está haciendo, ejercer el presupuesto mientras es candidato es un acto delictivo y no lo vamos a dejar pasar”, dijo el diputado Alejandro Robles, el mismo que anunció esta semana el pedido de juicio político contra los ministros de la Corte Suprema por negarse a reducirles el sueldo y que interpuso otra denuncia contra Gálvez por enriquecimiento ilícito ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General. En este último episodio, Creel dijo que no iba a dar marcha atrás. “He cumplido estrictamente con lo que establece nuestro reglamento y el ordenamiento parlamentario, en estas funciones, y eso no me impide en absoluto ser militante opositor o ciudadano, ni me impide expresar libremente mis opiniones”, dijo.

El PAN respondió horas después con otro recurso legal contra López Obrador, esta vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “por la violación de los derechos humanos y políticos, así como la constante persecución de los aspirantes al Frente Amplio por parte de México”, se lee en un comunicado. La denuncia menciona explícitamente los ataques contra Gálvez, Creel y Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Cabeza de Vaca, acusado formalmente de corrupción y delincuencia organizada, no acudió personalmente a inscribirse como candidato presidencial y permanece fuera del país. Él dice que los cargos fueron “fabricados”. Creel aseguró que presentará denuncias penales contra el presidente. “Se ha metido conmigo y con mi familia, y yo le digo al presidente que el que lo toma, lo aguanta”, dijo.

En medio de la lluvia de demandas y denuncias, se han salpicado otros actores políticos. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue sancionada este miércoles por el Tribunal Electoral por violencia política de género contra legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Un día después, se reveló que hubo un allanamiento a un inmueble vinculado a Alejandro alito Moreno, líder nacional del PRI y exgobernador de ese estado. “Es una farsa”, dijo el priista para negar las acusaciones.

Personal de la Fiscalía General del Estado allana un inmueble de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche, el 20 de julio.
Personal de la Fiscalía General del Estado allana un inmueble de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche, el 20 de julio.Michael Balam Chan (Cuarto oscuro)

También han surgido amenazas de presentar denuncias formales entre los tapas de Morena por publicidad irregular y supuestos gastos ilegales de campaña. A fines de junio, Marcelo Ebrard consideró la idea de presentar una denuncia contra Claudia Sheinbaum para evitar evitar ventajas injustas en la carrera, aunque no profundizó en detalles después. Su equipo también ha denunciado en las redes sociales que hay “servidores de la patria” haciendo proselitismo a favor del exjefe de Gobierno. Ricardo Monreal también ha hecho reclamos similares, aunque ha descartado presentar una denuncia formal para preservar la unidad entre los compañeros del partido. El propio Ebrard salió a desmentir un informe que desenterró una acusación en su contra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue publicado un día antes de que comenzaran las giras de los demandantes, en junio pasado.

En una contienda presidencial relegada por el conflicto entre Gálvez y López Obrador, el pronóstico prevé una lluvia de denuncias y demandas para ganar visibilidad, probar su resistencia en el foco mediático y alternar defensa y ataque para responder al fuego cruzado y al fuego amigo. Todo ello, sin contar los conflictos por el control de los recursos, los golpes bajos a través de terceros y los roces que se avecinan a medida que se acerca la definición de las candidaturas de septiembre próximo.

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