La causa por delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero contra 31 investigadores que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) denunció en septiembre de 2021 ha comenzado a resquebrajarse. 16 meses después de que se anunciara que la Fiscalía había solicitado una treintena de órdenes de captura para los imputados y tras idas y venidas en audiencias y un puñado de amparos de por medio, al menos ocho científicos ya han obtenido el sobreseimiento de su caso. favor, una decisión judicial con efectos absolutorios.
El juez Gregorio Salazar, del Penal del Altiplano, en el Estado de México, resolvió el pasado 13 de enero cerrar el proceso penal a favor de Julia Tagüeña, José Franco, Gabriela Dutrénit, Teresa de León y Marcial Bonilla. Estas batallas ganadas por los investigadores se sumaron a los fallos favorables que habían obtenido previamente Luis Mier y Terán, Inocencio Higuera y Regina Alarcón. El sobreseimiento o suspensión de un proceso judicial, por falta de prueba o por otra causa, tiene los mismos efectos que una absolución, por lo que el Ministerio Público ya no puede investigarlos ni acusarlos por los mismos hechos.
En septiembre de 2021, el máximo órgano de gobierno de la ciencia en México, bajo las riendas de María Elena Álvarez-Buylla, presentó una denuncia contra seis miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y 25 funcionarios del Conacyt durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. por supuestas asignaciones millonarias e irregulares a favor del FFCyT. La actual dirección del Conacyt aseguró en su denuncia que más de 240 millones de pesos fueron recibidos por esta entidad. El Ministerio Público secundó la denuncia del Conacyt y al presentar las acusaciones se refirió a la FFCyT como una empresa privada creada por servidores públicos para luego beneficiarse de ella.
Sin embargo, el cierre del caso para estos ocho investigadores no estuvo exento de turbulencias. En su lucha por demostrar su inocencia, los científicos pasaron del estupor inicial al conocer la noticia a idas y venidas con sus abogados en audiencias y horas de interrogatorio ante un expediente de más de 20.000 folios. Ahora que la investigadora Gabriela Dutrénit liberó definitivamente la acusación del Conacyt, relata la angustia, el enojo y la incertidumbre que vivió durante todos estos meses. “Sabíamos que éramos inocentes y lo dijimos desde el primer día, pero uno nunca sabe lo que va a pasar porque hay tantas injusticias y sí, claro que teníamos miedo”, menciona.
Un precedente judicial clave
El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana detalla que la vía para obtener este fallo se presentó a finales del año pasado, tras conocerse el sobreseimiento que un tribunal colegiado había dictado a tres imputados. “Si el juez de control cerró el caso de los tres compañeros y es el mismo caso, la ley nos tiene que aplicar de la misma manera, fue como una vía corta porque ya estaba el precedente del juez colegiado que ya había dado la orden de despido”, explica.
Volviendo a la última audiencia del caso, en enero pasado, el médico recuerda la insistencia de la Fiscalía ante el juez para evitar el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa de los investigadores, argumentando que aún faltaban analizar elementos del proceso. Sin embargo, luego de poco más de una hora de audiencia, el juez Salazar ordenó el sobreseimiento a su favor.
Dutrénit aclara que está sobre la mesa la opción de contrademandar a Conacyt por los perjuicios causados, pero no tomarán una decisión hasta que el resto de sus compañeros logren cerrar el proceso en su contra. “Creo que no debe haber olvido. No podemos vivir del rencor, pero tampoco debemos olvidar la forma sucia en que actuó el Conacyt. No puede ser que esto vuelva a pasar, no puede ser que el Conacyt haga todo este tipo de acciones y gaste recursos públicos para promover este tipo de medidas que, a todas luces, son políticas e injustas y afectan a las personas”, zanja. Si bien se solicitó la posición del Conacyt sobre estos dictámenes, al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
El doctor José Franco, otro de los investigadores que han presentado la acusación del Conacyt, coincide en que este proceso contra una treintena de investigadores pretendía enviar una señal de amenaza a los investigadores que se atrevieran a protestar. “La acusación no tiene fundamento, esto fue levantado desde Conacyt con fraude, con malas intenciones, con afán de destruir reputaciones”, comenta.
El investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM celebra que a pesar de los reiterados intentos de la Fiscalía de llevarlos a prisión, el poder judicial ha actuado con imparcialidad. Franco añade que estos fallos a favor de los imputados también ayudarán a reivindicar la labor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Además de los ocho investigadores que han recibido el archivo de la causa a través de la orden de sobreseimiento, una científica tiene sobreseimiento parcial, por dos de los tres cargos señalados, por los que se espera que en las próximas semanas también sea exonerada por completo. . Tanto Dutrénti como Franco confían en que el precedente que se ha sentado con estos fallos a favor de los imputados sirva de pauta para que el resto de sus compañeros puedan recuperarse como ellos de la sombra de la corrupción, el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
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