La familia de Abigail Hay no ha podido dormir durante seis meses. La joven de 30 años fue detenida por la policía de Salina Cruz, en Oaxaca, en agosto pasado y apareció muerta bajo custodia policial. Seis meses después y tras un proceso plagado de irregularidades, la familia dice haber perdido toda esperanza de que se haga justicia y dedican sus esfuerzos a recuperar la custodia de uno de los hijos de la víctima, en manos de su expareja, quien fue denunciado por violencia familiar en 2021.
Tanto la policía municipal como la Fiscalía del Estado mantienen la versión de que Abigail se suicidó dentro de la comisaría con su propia ropa interior sin que nadie viera nada. Su familia, sin embargo, rechaza esta versión y acusa a los agentes de un uso excesivo de la fuerza que acabó provocando la muerte de la niña. En un video de las cámaras de seguridad del comando, compartido por la familia, se puede ver cómo la joven llega detenida y es golpeada y empujada por hasta cuatro agentes.
A pesar de las imágenes y del fatídico hecho, ningún policía de Salina Cruz que participó en la detención ha sido vinculado a proceso. El juez Guillermo Martín Martínez Maldonado, que investiga el caso, vinculó al juez de instrucción y al jefe policial como imputados por el delito de homicidio culposo. El primero por ordenar el ingreso a las habitaciones separadas de Abigail y el segundo por ser el jefe de la fuerza municipal. El juez, sin embargo, decidió modificar las medidas cautelares para que los detenidos pudieran continuar su proceso en libertad. “La familia de Abigail teme represalias de estos dos servidores públicos que tienen poder e influencia en el pueblo”, dice Yésica Sánchez Maya, abogada del Consorcio Oaxaca y asesora legal de los familiares. Medio año después de la muerte de la joven, aún no hay fecha para que comience el juicio por asesinato.
El 19 de agosto de 2022, un grupo de agentes municipales detuvo en la calle a Abigail Hay por una supuesta discusión con el padre de uno de sus hijos. La sacaron de su auto, la sometieron a la fuerza y la subieron a un auto de la policía. Todo quedó registrado en un video que circuló en las redes sociales. Cinco horas después de eso, Hay yacía muerto en el piso de una celda. “Soy la madre de su hijo”, se la escucha decir en la grabación. “Ten dignidad”, responde un policía mientras la sujeta por los brazos. Luego de un par de minutos, los agentes logran someterla y ponerla en la patrulla junto con su compañero, Kleiver ‘N’. Solo ella es detenida, el hombre queda en libertad, a pesar de tener denuncia por maltrato físico y psíquico. “La Fiscalía desestimó la gravedad de esta denuncia”, dice Yésica González. La investigación de esta carpeta lleva años en un cajón.
Por si fuera poco, además de la causa penal, la familia Hay pelea en los juzgados por quedarse con la custodia de su hijo menor y denuncian que el hombre aprovechó el momento en que ella fue detenida para llevarse al niño. “Desde entonces no ha vuelto a ver a sus abuelos, a su tía y a su hermano”, dice el abogado. “Hay riesgo para este niño porque vive con el agresor de su mamá”, remarca González. La ley, sin embargo, permite que a pesar de existir una denuncia por violencia familiar, el menor permanezca con su padre.
Tras los últimos hechos y con total desesperanza en la causa penal por homicidio, los abuelos y la tía del menor denuncian que aún no hay fecha para el juicio de custodia. “Lo que necesito con urgencia es recuperar a mi nieto”, dice el Sr. José Luis Hay. “De alguna manera, la familia siente que recuperar a la niña es la única manera de hacer justicia para Abigail”, dice el abogado. “Han perdido la esperanza de que se juzgue a los culpables directos”, subraya.
La muerte de Abigail Hay revela una larga cadena de errores e impunidad y muestra un proceso lleno de prejuicios y complicidades donde no hay perspectiva de género. Por ejemplo, que en el informe de defunción de la joven aparece que murió en la “vía pública” y no en un calabozo, como realmente sucedió. Como en tantos otros casos, las autoridades se han visto desbordadas por la violencia que sufren las mujeres en México y las denuncias de las víctimas son archivadas o desestimadas. Mientras tanto, las familias de los asesinados enfrentan una carrera de obstáculos donde la justicia no llega y la discriminación desde las instituciones es palpable.
La muerte de Abigail Hay recuerda al caso de la doctora Beatriz Hernández, en Hidalgo, en 2021. La policía municipal de Progreso de Obregón detuvo a la doctora, quien fue encontrada muerta dos horas después en una celda con signos de violencia. Las autoridades también dijeron que se había suicidado.
Otros casos recientes son el de Luz Raquel Padilla, a quien la Fiscalía de Jalisco insinuó que se había prendido fuego, o el de Yolanda Martínez, quien, según la versión de las autoridades de Nuevo León, se quitó la vida bebiendo veneno. En todos los casos, las autoridades se escondieron bajo el argumento de un presunto suicidio, cuando las cifras de violencia machista y abuso policial sugieren lo contrario. El asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, uno de los feminicidios más recordados del país, también fue presentado inicialmente como un suicidio: se ahorcó con el cable de una cabina telefónica, dijeron las autoridades, versión que fue rechazada en la justicia tras verificar que fue asesinada por su pareja.
Según las estadísticas, en México el 95% de todos los delitos no se esclarecen y se desconoce exactamente cuántas personas han muerto en el país a causa de la brutalidad policial.
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