En medio del debate por el presupuesto federal y la creciente presión sobre el tema migratorio, el Senado de Estados Unidos ha aprobado una versión modificada del proyecto que contempla un impuesto a las remesas, fijando la tasa en un 1 % y limitando su aplicación únicamente a los envíos en efectivo realizados hacia el extranjero.
La medida forma parte del paquete legislativo conocido como “The One Big Beautiful Bill”, impulsado por sectores conservadores como parte de un plan para financiar agencias de seguridad, particularmente aquellas relacionadas con el control migratorio, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A diferencia de propuestas previas que consideraban un gravamen del 5 % sobre todas las remesas, la versión avalada en el Senado excluye del cobro a las transferencias electrónicas hechas desde cuentas bancarias o tarjetas emitidas por instituciones estadounidenses.
Desde la idea original hasta una versión más restringida
El impuesto a las remesas fue inicialmente presentado como una medida amplia que afectaría todos los envíos de dinero realizados por personas que no son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los intensos cuestionamientos de organizaciones migrantes, sectores empresariales y algunos gobiernos latinoamericanos llevaron a una revisión del planteamiento original.
La variante definitiva aceptada conserva el carácter fiscal, aunque con un ámbito más reducido. Se implementará un 1 % únicamente sobre la cantidad total de las remesas transferidas en efectivo —tanto a través de compañías de envío como de pagos en ventanilla— y entrará en vigor desde el 31 de diciembre de este año. Los demás envíos, procesados mediante métodos bancarizados, estarán exentos.
Reacciones en América Latina
En países como México, principal receptor de remesas provenientes de Estados Unidos, la noticia fue recibida con alivio relativo. Autoridades anunciaron que se implementará un sistema de reembolso para sus ciudadanos en el exterior que se vean afectados por el impuesto, canalizado a través de tarjetas especiales que permiten rastrear y compensar los pagos realizados.
Legisladores de países centroamericanos también se pronunciaron sobre el tema, advirtiendo que medidas de este tipo afectan de manera desproporcionada a las familias más vulnerables, que en muchos casos dependen casi exclusivamente de las remesas para cubrir necesidades básicas. Además, argumentaron que estas transferencias ya provienen de ingresos sujetos a impuestos en Estados Unidos, por lo que gravarlas nuevamente podría interpretarse como una doble imposición.
Un elemento esencial en política
El impuesto fue incluido como parte de una estrategia más amplia enfocada en la seguridad nacional. La recaudación estimada será destinada al fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y el financiamiento de operaciones de migración y deportación. Esta visión ha sido defendida por los sectores promotores del proyecto, quienes argumentan que es una manera justa de asignar recursos sin aumentar la carga fiscal a los ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han señalado que este tipo de medidas busca desincentivar el envío formal de remesas, empujando a las personas a utilizar canales informales más costosos y riesgosos. También han cuestionado el impacto económico en países de origen, donde las remesas representan una de las principales fuentes de ingreso.
Efectos inmediatos y próximos pasos
En el ámbito económico, la imposición de este tributo se acompaña de un ligero descenso en la cantidad de remesas que se envían desde Estados Unidos a América Latina. Según información actual, los envíos han disminuido aproximadamente un 4.5 % en relación con el mismo lapso del año pasado, una tendencia que se atribuye tanto al endurecimiento de las políticas migratorias como al miedo que generan este tipo de medidas legislativas.
El plan de presupuesto debe ser alineado con la versión de la Cámara de Representantes. Si ambas cámaras llegan a un acuerdo, se enviará al Ejecutivo para su firma final. Simultáneamente, diversos países de América Latina ya están diseñando tácticas diplomáticas y financieras para contrarrestar los impactos del nuevo impuesto, mientras que grupos de migrantes en Estados Unidos están considerando acciones legales para cuestionar la constitucionalidad de la disposición.
Con esta resolución, el Senado abre un nuevo capítulo en la extensa y complicada relación entre las políticas migratorias, la economía internacional y los derechos de las comunidades de migrantes. Aunque más moderado que en sus primeras versiones, el impuesto sobre remesas en efectivo simboliza un mensaje político evidente y podría señalar el comienzo de una nueva etapa de regulación sobre el dinero que millones de individuos envían mensualmente a sus familias al otro lado de la frontera.
