La Fiscalía de la Ciudad de México ataca nuevamente la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez. En esta ocasión, sus investigaciones han llevado al juez a cargo del caso a ordenar la detención de los tres funcionarios que firmaron la “Autorización de uso y habitabilidad” del City Towers Black, el último documento necesario para entrar a vivir en el lujoso complejo. de la empresa City Towers Green, cuyas irregularidades y fallas en la construcción debieron impedir que los demandados firmaran ese permiso definitivo. Sus nombres son Adelaida García González, directora de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, quien ya fue detenida; Emilio Sordo Zabay, exdirector de Desarrollo Urbano; y Víctor Manuel Mendoza Acevedo, director de Planificación, Desarrollo y Participación, y hermano del diputado panista en la Ciudad de México Luis Alberto Mendoza. Tiene un apartamento en otro de los edificios de la misma empresa, que pagó al contado en 2017, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico.
El primero en denunciar las irregularidades en el edificio fue Rodrigo Muñoz Dromundo, abogado financiero y dueño de un departamento allí. Cuando llegó a su nueva casa en 2018 empezó a fijarse en pequeños detalles que no correspondían a lo que compraba, como la calidad de la pintura, el grosor de los cristales o el material del suelo. Cuando pidió explicaciones, los arquitectos Eduardo Miranda y Carla Hernández Manso lo amenazaron. “Eduardo Miranda me dijo: ‘Si no te callas, te vamos a destrozar la vida'”, dijo Dromundo a este diario. Y cumplieron su promesa a él. Días después le enviaron una citación de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, que nada tiene que ver con temas inmobiliarios o civiles. Había sido denunciado por un delito de extorsión y amenazas agravadas. “Consideraron una amenaza que dijera tener lo que había pagado”, se queja.
El juez lo vinculó a proceso y la financiera donde trabajaba le dijo que no podían tener a alguien acusado de extorsión y amenazas, y lo despidieron. Poco después, la Corte Superior de Justicia desestimó los cargos por falta de pruebas y declaró que hubo una violación a sus derechos humanos y un claro favoritismo hacia su oponente. Dromundo, lejos de rendirse, comenzó a investigar, solicitar documentos a las autoridades y hablar con sus vecinos sobre los hallazgos que estaba haciendo: fallas en la construcción confirmadas por Protección Civil, construcción de 54 departamentos más de lo permitido, instalaciones de gas deficientes que ya provocó el envenenamiento de una vecina embarazada, etc. Con estos documentos, Dromundo y otros 40 vecinos han interpuesto un amparo contra la constructora para reclamar por haber recibido departamentos con prestaciones que no están a la altura de lo que compraron.
Las órdenes de captura han sido tomadas por Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, como un ataque directo a su gestión orquestado por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “Claudia Sheinbaum y su maquinaria opresiva de Morena no quieren que yo sea candidato a la jefatura de la Ciudad de México. Ahora fabricaron cargos para acosarme a mí y a tres personas de mi confianza, pero no me voy a retirar y los vamos a golpear”, dijo en sus redes sociales. La jefa de Gobierno se ha defendido y ha aclarado que las detenciones “tienen que ver con City Towers y la denuncia la han hecho una serie de vecinos. La construcción de pisos ilegales no tiene nada que ver con una cuestión política”. La Fiscalía ha aclarado que, de momento, no hay ninguna investigación que afecte directamente a Taboada.
Luis Alberto Mendoza, hermano de Víctor, subió un video de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México respondiendo a las acusaciones hechas contra su hermano. En tono enérgico, Mendoza lamenta que Sheinbaum esté utilizando la Fiscalía para lanzar una persecución política contra sus opositores. “Quiere intimidarme a mí y a mi familia, fabricando delitos”, dice el diputado. “A mi hermano, que lleva varios años sirviendo diligentemente en el servicio público sin una sola prueba ni una sola persona que lo acuse, lo están tratando de aprehender”, dice, antes de asegurar que seguirá luchando por el capital. .
Sin embargo, Víctor Mendoza y los otros dos imputados firmaron el documento de “Autorización de Uso y Habitabilidad” que permitió a sus propietarios ingresar a un inmueble con claras irregularidades, el cual debió ser revisado por funcionarios antes de dar su visto bueno. . En un primer examen, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) realizó un estudio de impacto urbanístico y determinó que en los terrenos adquiridos por la constructora se podrían construir un máximo de 752 departamentos en 22 niveles. Sin embargo, en el Registro de Manifestación de la Construcción, en un trámite posterior, aparece un permiso para la construcción de 808 departamentos, sin motivo aparente y saltándose las determinaciones de la Seduvi, 56 más que al inicio.
Además, hubo problemas básicos en la construcción, cubiertos con el lujo que requiere un complejo exclusivo donde los departamentos rondan los 6 millones de pesos, pero que escondían graves fallas estructurales. Éstas quedaron documentadas en un dictamen de Protección Civil, también en posesión de este diario, realizado tras el envenenamiento, por la mala instalación de las tuberías de gas, de una mujer embarazada en uno de los apartamentos. Se habla de extintores despresurizados, escaleras de emergencia que terminan en el segundo piso, o calentadores de agua dentro de los departamentos que no tienen salida al exterior.
Las calderas del parque acuático a la entrada del garaje tampoco tienen salida de aire y ya se ha producido una intoxicación. Los ventiladores no funcionan y eso “expone a los residentes y al personal de mantenimiento”. Los gases de combustión de las estufas “no tienen salida al exterior” y la ventilación de los departamentos es “deficiente”. “En caso de fugas de gas natural”, dice el documento, “serán almacenados en esos departamentos, con el riesgo de encontrar una fuente de ignición”. El papel del director de Planificación y Desarrollo, así como el de los otros dos imputados, es comprobar que estas deficiencias no existen antes de permitir que las personas se muden.
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