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Viven amenazados de muerte por defender el agua y la tierra

porConfidencial de México

Ene 22, 2023
Viven amenazados de muerte por defender el agua y la tierra

El cuchillo, sobre el colchón, apuntaba hacia el centro de la cama. No era mucho (pequeño, de cocina, con un mango negro), pero enviaba un mensaje fuerte. Era una amenaza apenas velada; prueba de que pudieron ingresar armados hasta el rincón más íntimo y vulnerable de la casa de Juan Carlos Flores. El abogado, un ambientalista convencido, lucha desde hace una década contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), una macrooperación energética y extractivista del Estado mexicano, en colaboración con las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, que ya ha construido una planta termoeléctrica en Morelos. También un gasoducto que atraviesa Puebla, Morelos y Tlaxcala y bordea las faldas del Popocatépetl, uno de los volcanes más inestables del mundo, en constante riesgo de erupción.

El día que encontraron el cuchillo en su cama, el 5 de abril de 2022, cortaron la puerta con unas tijeras y solo se llevaron algunos objetos de valor. Los mecanismos de protección fueron lentos y cinco días después los atacantes estaban allí nuevamente, con un modus operandi casi idéntico. Volvieron otra vez, el 15 del mismo mes. Tres allanamientos en dos semanas, documentación legal extraída, cajones revueltos y un objetivo claro: amedrentar a la activista. Después de eso, Flores finalmente consiguió que una patrulla vigilara la casa hasta que reforzaron la seguridad con cámaras y una infraestructura más difícil de romper. Pero eso no fue todo. En octubre, aflojaron las llantas de su automóvil. Logró averiguarlo antes de que el vehículo descarrilara en la carretera de Tepotzlán.

Juan Carlos Flores sobre el gasoducto del Proyecto Integral Morelos. Islas Mónica González

—Sobre todo es pensar que en cualquier momento me puedo morir. No puedo caminar fácilmente solo, ni con mi familia. tengo que restringir mis movimientos y horarios; esté atento a lo que sucede a su alrededor. He visto mi seguridad violada por el mismo mecanismo de protección. El 4 de octubre de este año, días antes del ataque, hubo puntos ciegos porque no nos proporcionaron las cámaras necesarias para que la casa estuviera completamente vigilada. Vimos personas que probablemente podrían haber entrado a mi casa por la parte de atrás. Una de las cámaras no funcionaba. Y pudimos identificar en algunas de esas imágenes dos autos, uno rojo y otro azul, así como la cara de uno de ellos. Todas estas grabaciones ya las teníamos respaldadas y cuando llega el mecanismo para supuestamente arreglar la cámara que no funcionaba, se las lleva sin mi consentimiento y luego me informan que fueron destruidas”.

Flores (43 años, Puebla) se mueve libremente entre los campos de maíz que rodean a Santa María Zacatepec, en Puebla. El polvo que se acumula en el coche de él y en las zapatillas de deporte de ella sugiere que pasa más tiempo en estos lugares que en los pulcros adoquines de un juzgado. El cabello canoso, la barba a juego, el suéter burdeos con cuello de pico contribuyen a generar una imagen más cercana a la de un maestro rural que a la de un abogado.

Es abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, aunque lleva casos contra otros 15 megaproyectos en todo el país. La organización defiende que el gasoducto fue construido ilegalmente en tierras comunales pertenecientes a pueblos indígenas originarios. “Es un cuchillo para el territorio de nuestros pueblos”, dice mientras lo señala. También sostienen que la termoeléctrica y la industria automotriz que trae contaminan el agua y provocan un impacto ambiental en sus terrenos que podría llegar a ser irreversible. Los campesinos dicen que el agua está muerta: después de pasar por la central vuelve al río sin oxígeno, mata los peces y pudre las cosechas.

—Dicen que esta agua es aún más pura y hace más bien porque ha pasado por un proceso de evaporación. Hay un vertido clandestino, pero grande, de la termoeléctrica en una quebrada de Huexca que queda a escasos 500 metros de la planta. Cada vez que se vierte el agua allí, los peces mueren, pero automáticamente. En lugar de dar vida, esa agua da muerte.

Un cartel advierte del riesgo de un enorme agujero en el suelo a pocos metros del gasoducto.
Un cartel advierte del riesgo de un enorme agujero en el suelo a pocos metros del gasoducto. Islas Mónica González

Las obras de la termoeléctrica comenzaron en 2012. Desde entonces, la vida de Flores no ha sido lo que era. Además de los tres allanamientos y el intento de asesinato, descubrió que su correo electrónico estaba siendo espiado. En 2014 fue encarcelado, acusado de extorsión, motín, despojo y ataque a la infraestructura hidráulica. Lo metieron en una pequeña celda con docenas de personas. Pasó 10 meses en prisión. En 2018, un juez lo absolvió al considerar que no había pruebas suficientes en su contra, pero el daño ya estaba hecho. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a pedir su libertad. Entonces, el presidente se opuso al PIM. Ahora defiende la iniciativa y carga contra Flores y sus compañeros, a quienes acusa de conservadores y contrarios a su proyecto político. En 2019, un grupo armado mató de dos tiros en la cabeza a Samir Flores, opositor y amigo del abogado, tres días antes de una consulta convocada por López Obrador para decidir el futuro de la planta. La investigación por el homicidio apenas ha avanzado, denuncian.

“¿No piensas a veces en rendirte?”

—Mira, la situación que estamos viviendo en el mundo, en nuestras comunidades y en el país es muy grave. Sabemos que defender los derechos siempre ha sido arriesgado. A lo largo de la historia de la humanidad se ha asesinado a personas por esto. Sin embargo, si no hubiera habido esas luchas, no tendríamos las libertades que tenemos. Me importa mi vida, pero también me importa el futuro de las generaciones de mi familia, del pueblo. Estamos en una lucha contra la destrucción, por la supervivencia de la humanidad y la tierra, que tal vez un día más para que la vida continúe. Si vivimos y no luchamos, mañana tendremos que estar tomando agua con exceso de cloro, con arsénico, como ya ocurre en muchas partes de nuestro país. Sí, es un trabajo duro, es desafortunado, pero hay que hacerlo. Por lo que es necesaria.

“¿Quién está detrás de los intentos de asesinato?”

“Un narcoestado. Con el asesinato de Samir nos dimos cuenta que el crimen organizado funciona como una secretaría del terror del Estado mexicano: genera atentados, genera división en las comunidades; Los inmoviliza con extorsiones, secuestros, asesinatos políticos. Son tres grandes monstruos: el Estado, el crimen organizado y las empresas. Contra estos tres monstruos luchamos los más pequeños, los pueblos: luchamos con los medios de comunicación, con las radios comunitarias, con los diarios, con los juicios, con las asambleas, con las marchas, con los comités. Hablando de persona a persona, cuidando la tierra, sembrando, amenizando la vida en nuestros pueblos, celebrando. Así luchamos, porque no tenemos armas y no queremos tenerlas.

Vista aérea del socavón que sorprendió a los habitantes de Santa María Zacatepec el 1 de junio de 2021.
Vista aérea del socavón que sorprendió a los habitantes de Santa María Zacatepec el 1 de junio de 2021. Teresa de Miguel

Flores conduce a una herida abierta en la tierra: un enorme hoyo de aproximadamente 120 metros de diámetro y 15 metros de profundidad, a solo 200 metros del gasoducto y rodeado de cultivos. El abogado explica que la extracción masiva de agua subterránea para el corredor industrial que el Gobierno está implantando en la zona ahuecó el suelo. En el verano de 2021, se escuchó un estruendo y la tierra se derrumbó. Desde entonces, el agujero no ha dejado de crecer. Es otra de las razones que esgrimen para detener al PIM, junto con el despojo de sus tierras y la cercanía del volcán inestable. Al menos 22 comunidades han sido afectadas por el macroproyecto energético.

—Vemos al PIM en dos grandes etapas de daño y riesgo: una es la instalación del proyecto energético; La segunda es la industrialización de toda nuestra región, de todas las faldas del volcán Popocatépetl, que es una zona de riesgo. Podemos ver aquí una valla que delimita un parque industrial llamado Mercatus, que está aquí porque quiere conectarse al gasoducto y así generar más zonas industriales. El socavón se ha formado en la tierra por la extracción masiva de agua para la industrialización automotriz de Volkswagen y toda la cadena productiva que eso implica, que son cientos de empresas que se han asentado alrededor del río Atoyac y que van creciendo. Hace 20 años era normal escuchar que había agua a un metro de distancia bajo tierra. Ahora, con toda la industrialización, ya está a 20 o 30 metros.

La batalla legal contra el PIM continúa desde 2012 y Flores y sus compañeros no han cedido un ápice a pesar de las amenazas. “No queremos medidas de mitigación, queremos que se retire. Es incompatible con la vida de los pueblos, implica el despojo paulatino de la tierra y el agua”. El abogado defiende que la constitución está de su lado porque muchas de las tierras por donde pasa el gasoducto son ejidales —públicas, comunales desde la reforma agraria que trajo consigo la Revolución Mexicana—. Sólo podrán ser utilizados si la comunidad así lo decide en asamblea.

Flores habla y posa para las últimas fotos. Su silueta se recorta entre el maíz y un sol que hace olvidar que es diciembre. Una vez más, parece más en su entorno aquí que en la corte. A su alrededor se ven las tierras cultivadas y baldías; los campesinos que las trabajan; el gasoducto que los amenaza; sistemas de riego; al fondo, el Popocatépetl. Al final de la entrevista, ella se sube a su pequeño auto verde. Y desaparece al fondo del camino, levantando una nube de polvo que desdibuja el paisaje.

Una niña camina por las tierras de cultivo que rodean el gasoducto.
Una niña camina por las tierras de cultivo que rodean el gasoducto. Islas Mónica González

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